El BNG avisa de que con ley impuesta sube el aborto y la muerte de mujeres

Santiago de Compostela, 23 dic.- La diputada del BNG Carme Adán ha alertado hoy de que con una norma impuesta aumentarán los "abortos ilegales y la mortalidad de las mujeres", tras la aprobación del Consejo de Ministros de la nueva ley del aborto.

En una conferencia de prensa, ha dicho sentirse "insultada" por ver cómo le roban sus derechos y los de sus hijas, ha demandado a la Secretaría Xeral de Igualdade que "deje su silencio cómplice" ante un texto que va a suponer para las féminas su "criminalización" y ha recriminado que la norma parezca hecha por "la cúpula de la Iglesia del Estado español".

La nueva ley del aborto contempla solo dos supuestos, riesgo para la salud de la mujer y violación, y elimina el tercero contemplado en 1985 que permitía abortar si había malformación, lo que ha suscitado las críticas de numerosos colectivos.

Aunque paradójicamente ni los grupos pro-vida ni aquellos a favor del aborto se encuentran conformes con la nueva norma, unos por considerarla insuficiente y otros por parecerles restrictiva y arbitraria.

Adán ha insistido en que incluso desde Europa la ven retrógada, ha acusado al gobierno de Alberto Núñez Feijóo de "guardar silencio" ante una norma "regresiva e hipócrita" y por ello se ha dirigido al presidente autonómico para que "exprese su parecer" y se sume al esfuerzo para "parar una norma que atenta contra un derecho fundamental" como es el derecho a decidir.

El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha denunciado esta "ley de la crueldad" que hace ver que una mujer toma esta decisión "con alegría" cuando no es así y ha arremetido contra "el integrismo moral y religioso" que hay detrás, "más a la derecha que el planteamiento de la derecha vaticana", ha enfatizado.

Ha avanzado que habrá una campaña informativa y que esta organización política trabajará "mano con mano" con movimientos cívicos para parar "esta ola regresiva", en alusión al proyecto "que el PP siempre soñó", poner a las mujeres "bajo sospecha y tutela", perseguir "a los emigrantes retornados", promover "una legislación represiva contra los trabajadores y humildes" e impulsar una reforma educativa, la llamada Ley Wert, con toda la "moral católica".

Todo ello, según ella, aprovechando la "conmoción" existente en la sociedad como consecuencia de la crisis económica.