El defensor del pueblo actuará para garantizar la asistencia médica a funcionarios con enfermedades graves

La Oficina del Defensor del Pueblo iniciará un procedimiento de urgencia para garantizar la continuidad asistencial de funcionarios, militares y policías con cáncer y otras enfermedades graves, que han visto interrumpidos y demorados sus tratamientos como consecuencia de los recortes económicos que han sufrido las mutuas Muface e Isfas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), y la asociación de afectados por los recortes mantuvieron este martes un encuentro con la defensora del Pueblo adjunta, Concepció Ferré i Casals, en la que le expusieron la situación que atraviesa este colectivo.
Sindicatos y asociaciones mantienen que los recortes han provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas, denegaciones de acceso a urgencias y la dispersión del tratamiento integral de su enfermedad en diferentes centros, como consecuencia de la reducción de la oferta hospitalaria y de los cuadros médicos.
"Consciente de la gravedad, la Defensora del Pueblo adjunta ha ofrecido actuar de urgencia, tramitando los casos individuales que le haremos llegar las organizaciones, a través de un modelo de queja", señaló CSIF en un comunicado.
Para el sindicato, el Gobierno asegura teóricamente su continuidad asistencial, pero "la burocracia y el silencio administrativo está generando una situación de indefensión sobre un colectivo especialmente vulnerable".
SIN RESPUESTA
Según CSI-F, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas y el Ministerio de Defensa han realizado una dejadez de funciones dado que no han informado a los pacientes de los cambios en su asistencia sanitaria, y los pacientes han constatado esta situación a posteriori, en el propio centro hospitalario, en el momento en el que les denegaron su asistencia.
A partir de ese momento, los pacientes se han visto obligados a iniciar un ‘peregrinaje’ burocrático en diferentes centros, sin que la Administración les haya facilitado directamente un trámite de urgencia para facilitar la alternativa asistencial.
Esta circunstancia, añade CSI-F, ha provocado retrasos en tratamientos, pruebas diagnósticas y denegaciones de acceso a urgencias en su centro habitual. Dos meses después de la entrada en vigor del nuevo concierto, muchos pacientes aún no han obtenido respuesta.
Asimismo, CSI-F advierte de que en los casos puntuales en los que el paciente ha conseguido mantener su médico habitual (oncólogo, cardiólogo), tiene que desplazarse a otros centros para seguir recibiendo el tratamiento, pruebas diagnósticas e incluso las urgencias. De esta manera se ha disgregado el tratamiento integral que requieren los pacientes con patologías tan graves, tal y como ocurre en el Régimen General de la Seguridad Social.