El sector fotovoltaico pide a los diputados que rechacen la normativa que recorta sus primas

Las principales organizaciones del sector fotovoltaico solicitan a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados -que se reúne este lunes para decidir la agenda del Pleno de los próximos 24 y 25 de enero- que "tomen conciencia y rechacen las graves medidas" aprobadas por el Gobierno para esta industria y "para la propia credibilidad de España".
Así lo comunicaron, a través de una nota conjunta, la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).
El Real Decreto-Ley 14/2010 (aprobado en el último Consejo de Ministros de 2010 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día de Nochebuena) contiene, a su juicio, disposiciones extraordinariamente perjudiciales para el sector fotovoltaico español y contrarias al orden jurídico constitucional.
Por extensión, "conlleva una quiebra de la legalidad que afectará a todos los sectores económicos regulados y a la propia credibilidad del país, justo cuando la prima de riesgo sigue creciendo por las dudas que tienen los mercados internacionales sobre la solvencia de España", añadieron.
Entre otras medidas perjudiciales, la citada normativa contiene recortes retroactivos del 30% a la retribución de las 50.000 instalaciones solares existentes. Si entra en vigor, "puede arruinar a los inversores que confiaron en la seguridad jurídica de España; en el mejor de los casos, los afectados -más de 200.000 personas- verán totalmente frustradas sus legítimas expectativas de rentabilidad, generadas por la normativa vigente en el momento en que optaron por invertir en la energía fotovoltaica", señalaron.
Para las organizaciones del sector fotovoltaico, la aplicación de la retroactividad, "inaudita en un Estado de derecho", impactará "terriblemente" en la confianza en el mercado fotovoltaico español y en el tejido empresarial que lo conforma, ya muy castigado por otras regulaciones restrictivas y por la desconfianza que ha propiciado la incertidumbre regulatoria imperante durante el último año.
En consecuencia, el sector solicita a la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados que, "defendiendo la integridad y validez del orden constitucional español, incluyan la votación de este real decreto en el orden del día de la sesión plenaria de los 24 y 25 de enero, al objeto de que pueda ser inequívocamente rechazado".