Barcelona, 3 nov.- Entidades sociales y vecinales han enviado una carta al juez que tiene en sus manos el desalojo del edificio del barrio barcelonés de Nou Barris que fue ocupado por "indignados" para pedirle que interprete la ley de acuerdo con el contexto de crisis e impida el desahucio del inmueble.
La carta, firmada ya por una veintena de entidades, se dirige al titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, que mañana escuchará los argumentos de los ocupantes del edificio y del propietario, la entidad financiera Cajamar, antes de decidir si desaloja el inmueble.
El bloque de pisos, que llevaba al menos cinco años vacío, fue ocupado al término de la manifestación de indignados del pasado 15 de octubre y cedido a familias que han sido desahuciadas de sus casas, tras lo que Cajamar interpuso una denuncia ante el juzgado para forzar el desalojo del edificio.
La carta promovida por las entidades sociales pide al juez que haga una interpretación del Código Penal y de la Constitución Española "de acuerdo con el contexto de crisis económica y de acceso a la vivienda actual" y no acuerde el desalojo del inmueble, situado en la calle Almagro de Barcelona.
Los firmantes también solicitan al juez que tenga en cuenta para adoptar su decisión la "situación de estado de necesidad en que se encuentran las personas desahuciadas" que viven en el inmueble ocupado.
El documento lo firman, entre otros, los sindicatos CATAC, USTEC, CGT, CNT y Comisiones de Base, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Colectivos Asamblearios de Universitarios y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).
La carta recuerda al juez que la ocupación del edificio de Nou Barris "cobra todo su sentido" en la situación actual, en que diariamente se ejecutan 22 órdenes de desahucio en Cataluña, 18 de ellas en Barcelona, una de las provincias más afectadas de todo el Estado.
"Hacer efectivo el derecho a la vivienda dando vida a pisos en manos de la banca que llevan años vacíos, en este caso cinco, supone una práctica más que legítima", añade la carta.
Además, el escrito denuncia que hay decenas de miles de viviendas vacías y de familias desahuciadas, pero "pocos centenares de pisos públicos donde ofrecer realojamiento a las familias más vulnerables que, además, son gestionados de forma pésima".
En opinión de los firmantes, miles de viviendas vacías están en manos de entidades financieras, inmobiliarias y grandes propietarios "que hacen valer su derecho a la propiedad sin ningún límite social, esperando el mejor momento para volver a especular con ellos".
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