Al cumplirse este viernes el 30 aniversario de los hechos, que dejaron un centenar de muertos -entre ellos, 11 magistrados- y 10 desaparecidos, el mandatario hará un "acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional" del Estado, informó la Presidencia en un comunicado.
Entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 la extinta guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y tomó decenas de rehenes para presionar al entonces presidente Belisario Betancur con quien sostenía negociaciones de paz. La acción rebelde motivó el ingreso del Ejército con tanques de guerra en una operación de retoma devenida en masacre.
En el evento del viernes, estarán presentes los familiares de las personas con paradero desconocido, exguerrilleros del M-19 y miembros de organizaciones de derechos humanos, entre otros.
Santos cumplirá así con una medida de reparación ordenada el año pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que consideró que en la recuperación del edificio "existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas" sospechosas de participar en la toma o de colaborar con el M-19.
La Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por la desaparición de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, la desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, la detención ilegal y tortura de cuatro sospechosos de colaborar con el M-19 y la falta de esclarecimiento judicial de los hechos.
El M-19 se desmovilizó en 1990.
El gobierno de Santos sostiene diálogos de paz desde hace tres años en Cuba con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), principal y más antiguo grupo insurgente del país, con el cual ya acordó la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer hechos de la conflagración interna.
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