UNA EURODIPUTADA DE IU SUGIERE EXTENDER LA DEFINICIÓN DE 'CONSUMIDOR VULNERABLE' A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Ante las "complejas prácticas comerciales" de las compañías energéticas. La eurodiputada de Izquierda Unida (IU) Paloma López Bermejo quiere que la Comisión Europea se pronuncie sobre las medidas que España podría adoptar para mejorar la protección de los consumidores especialmente vulnerables ante las "complejas prácticas comerciales" de las compañías energéticas y más expuestos a la pobreza energética, como pueden ser los mayores, las personas con discapacidad o los inmigrantes. Asimismo, sugiere la conveniencia de extender la definición de 'consumidor vulnerable' a las personas con discapacidad, con el objetivo, mediante su acceso al bono social, de reducir la pobreza energética.
En una pregunta a la Comisión sobre la protección de consumidores vulnerables en el sector energético, para la que pide respuesta por escrito, Paloma López hace referencia a un estudio publicado recientemente por la Comisión Europea, según el cual varios grupos de consumidores, entre ellos las personas mayores, las personas con discapacidades y las personas migrantes "se ven desproporcionadamente afectadas por las (deliberadamente) complejas prácticas comerciales de las compañías energéticas, con una tasa de incidencia del 85% en la vulnerabilidad de los consumidores de este sector".
"Las personas con discapacidad tienen, además, un mayor riesgo de pobreza energética por sus características sociales e individuales", agrega la eurodiputada.
MEDIDAS
López recuerda que el estudio recomienda la adopción de medidas de apoyo directas para luchar contra la pobreza energética entre los consumidores vulnerables, además de mejores prácticas comerciales. También destaca, en el caso español, la ausencia de indicadores y el poco desarrollo del concepto de consumidor vulnerable en la normativa nacional.
Ante ello, la europarlamentaria pregunta a la Comisión Europea "¿qué buenas prácticas nacionales considera que España podría adoptar para establecer mejores indicadores sobre consumidores vulnerables, incluyendo el uso de variables de género y discapacidad?".
Asimismo, interpela a la Comisión sobre "¿qué buenas prácticas nacionales considera que pueden reducir la desproporcionada incidencia de las prácticas comerciales contrarias al interés del consumidor en el sector energético?".
Finalmente, López pregunta a la Comisión si "considera que la extensión de la definición de consumidor vulnerable a las personas con discapacidad, mediante su acceso al bono social, podría contribuir a una reducción de la pobreza energética".