Expertos denuncian que la Justicia es desigual para los menores según la CCAA

Pegar una puñetazo a tu padre, amenazar a tu madre... son conductas que, desafortunadamente, cada vez son más frecuentes en España. En 2010 se produjeron unas 1.000 denuncias por violencia filio-parental, mientras que en 2013, unas 4.600. Dado que sólo entre un siete y un diez por ciento de las familias denuncian el maltrato de hijos a padres, habría que multiplicar esa cifra por 10 para acercarse al número real de casos.

Sin embargo, según han denunciado numerosos expertos en la II Jornada de prevención y asistencia en violencia filio-parental celebrada en Barcelona, el trato que reciben estos menores por parte de la Justicia es desigual en España y depende de los recursos de los que disponga la Comunidad Autónoma en la que se haya producido el delito.

Un ejemplo, en 2014, sólo en Cataluña se aplicó en 290 ocasiones el régimen cerrado de internamiento, el más duro, a los menores juzgados por agredir a sus padres (45,3%), mientras que en Andalucía se hizo 65 veces (7,3%), en Madrid 45 (13,4%) y en Cantabria ninguna. En La Rioja, por ejemplo, todos los menores accedieron a este régimen.Las Comunidades no tienen recursos

"Hay un déficit de recursos y desde las administraciones no se sabe aprovechar los que hay", ha sostenido Alfredo Abadías, licenciado en Derecho y D.E.A. y doctorando del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), durante la presentación de la II Jornada de Prevención y Asistencia en violencia filio-parental.

Según sostiene este experto hay zonas en España que no tienen ningún recurso, como por ejemplo en Tarragona o Huelva. "No tienen centro de reforma de menores lo que supone enviar a estos adolescentes a más de 100km, lejos de su familia".

Para Abadías, esto además de reducir las posibilidades de conseguir el éxito en estos casos, "se puede estar vulnerando el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, el derecho a la reinserción y educación y el de la seguridad jurídica y superior interés del menor".

Por su parte, Javier Urra, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parenta (Sevifip), ha reclamado la creación de un protocolo para los diferentes cuerpos de policía y de una entidad que homologue todas las medidas en toda España.¿Qué hace falta?

Ante este panonorama, los expertos tiene claro qué se debe hacer para mitigar este problema. En primer lugar, es necesario trabajar con los padres para animarles a afrontar la situación. "Las familias tardan mucho en denunciar. Tienen miedo de lo que le pueda pasar, es una contradicción de sentimientos. Es muy duro ver cómo se llevan a tu hijo", ha explicado Abadía durante las jornadas.

Por otro lado, mejorar el sistema de internamiento de menores ya que, "el tiempo no es para los niños igual que para los adultos". "Los cambios en los adolescentes, físicos y psicológicos, son muy rápidos. Muchos no entienden qué les pasa", ha subrayado.

Por último, para Abadías se precisa legislación y recursos económicos. "Internar a un menor en un centro terapéutico privado puede costar entre 3.000 y 4.000 euros mensuales. Algo prohibitivo para la gran mayoría de familias", ha desvelado.

Para este investigador, la Administración pública debería replantearse su actitud actual y darse cuenta de que ese gasto potencial no supondría ningún despilfarro para las arcas públicas. "Eso no supone tirar el dinero. Es evitar a un adulto delincuente que puede causar daños a la sociedad", ha concluido.

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