FARC y Gobierno colombiano negociarán una agenda realista con opciones de paz

Ana Gómez

Bogotá, 10 oct.- El Gobierno de Colombia y las FARC abrirán en Oslo un proceso de paz con una agenda que ambas partes han calificado de "realista" y que tiene como ejes buscar una solución al problema de la tierra y la dejación de las armas por parte del grupo guerrillero.

Una agenda que se completa con otros tres grandes temas a debate: entrada de los guerrilleros desmovilizados en la vida política, solución al problema del narcotráfico y reparación a las víctimas del largo conflicto.

Estos puntos, sumados a un sexto aspecto referido a la implementación de las decisiones adoptadas, componen el "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", negociado en secreto por las partes entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de este año en La Habana.

Lo escueto y concreto, frente a las agendas inabarcables de anteriores intentos frustrados de paz, han alimentado el optimismo en un país que arrastra casi 50 años de conflicto armado, pese a que los negociadores han advertido de que este es solo el principio de un largo y difícil camino hacia la paz.

Una confrontación en la que nadie ha contado los muertos, pero que se calculan por millones, y con otros aproximadamente cinco millones de campesinos que han abandonado sus hogares por la violencia ejercida por las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales y el propio Estado, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Uno de los aspectos que más expectativas ha levantado es que "por primera vez se incluye en la agenda, de manera expresa, la dejación de armas y la finalización del conflicto", destacó a Efe el experto en seguridad y doctor en Ciencia Política, Alejo Vargas.

Y es que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) habían sido tradicionalmente reacias a comprometerse en ese sentido.

Tras la instalación de las negociaciones en Oslo, la mesa comenzará con el debate sobre el desarrollo agrario integral, que tiene una gran carga de complejidad al tratarse del origen del histórico conflicto.

El presidente Juan Manuel Santos abonó el terreno con la sanción de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en vigor desde enero, y con una propuesta de Ley de Desarrollo Rural que se debate en el Congreso y que comprende desde la asistencia técnica a campesinos y concesión de créditos hasta adecuación de terrenos.

El hecho de que el Gobierno trabaje en esa dirección puede favorecer "un acuerdo muy fácil", reconoció a Efe el economista y experto en desarrollo agroindustrial Absalón Machado, pues aunque no se conozca aún la posición de las FARC se presume que las propuestas estatales tendrían buena acogida.

Según el ministro colombiano de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, de las solicitudes por tierras despojadas que se han presentado el 37 % de los reclamantes dice que los responsables son las FARC y de esos predios "se presume que pueden estar minados hasta un 70 %", es decir, que albergarían minas antipersona.

El propósito de Santos es llegar a un acuerdo sobre al menos un punto antes de junio de 2013, y en caso de no lograrse está dispuesto a suspender las negociaciones.

Y el tema de tierras es clave para buscar soluciones al resto de la agenda, pues además guarda relación con los planteamientos de sustitución de los cultivos de hoja de coca que las FARC han reconocido proteger a cambio del pago de un "tributo" por volumen de droga producida.

Machado, también director académico del Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cree que si se llega a modificar el "modelo de desarrollo" surgirían posibilidades de reinserción para algunos de los 8.500 combatientes de las FARC que hipotéticamente dejarían las armas.

Y el futuro que les esperaría a otros integrantes de la guerrilla sería la vida política, pero para ello debe haber garantías.

En ese sentido pesa aún la sombra de la Unión Patriótica, el partido que se creó tras las conversaciones lideradas por el presidente Belisario Betancour (1981-1986) y muchos de sus líderes fueron asesinados por paramilitares y el propio Estado.

El copresidente de la Comisión de Paz del Congreso y representante del Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, recordó a Efe que ese movimiento surgió como "un puerto de llegada de la guerrilla a la vida política", por eso consideró que "será un enorme reto garantizar la vida" de los desmovilizados que opten por esa vía.

Desafíos que se suman a la búsqueda de la reconciliación y el resarcimiento a las víctimas.

Como asegura Absalón Machado, "lo fundamental es que hay voluntad de llegar a un acuerdo, así los temas sean difíciles".