Santo Domingo, 12 nov.- Una comisión de funcionarios dominicanos viajará a Venezuela para explicar a las autoridades de ese país el alcance de la sentencia aprobada por el Tribunal Constitucional (TC) que niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados, informó hoy una fuente oficial.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, dijo a la prensa que el viaje forma parte de la estrategia diplomática que lleva a cabo el Gobierno del presidente Danilo Medina para explicar a países y organismos internacionales los detalles del fallo, emitido a finales de septiembre por el TC.
Pina Toribio, quien no ofreció más detalles sobre la agenda en la nación suramericana y quien formará parte de la comisión, señaló que los funcionarios designados para esa tarea continuarán dando a conocer en el exterior la decisión del Gobierno dominicano de acatar el fallo judicial.
La misión irá a Venezuela en momentos en que algunos medios locales aseguran que gobernantes de países caribeños han solicitado supuestamente al presidente venezolano, Nicolás Maduro, sancionar a República Dominicana, en el marco del acuerdo de Petrocaribe, por la aprobación de la sentencia, que ha provocado una controversia.
El fallo inapelable del TC fue emitido a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la Junta Central Electoral (JCE) dominicana por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.
El TC argumentó que, conforme al artículo 11.1 de la Constitución dominicana de 1966 (vigente a la fecha de nacimiento de Deguis Pierre), no le corresponde la nacionalidad dominicana, y, por tanto, tampoco la cédula de identidad y electoral.
La sentencia puede afectar a unas 250.000 personas nacidas en República Dominicana, además de alrededor de 35.000 hijos de padres de diferentes nacionalidades.
Activistas aseguran que la medida del tribunal dominicano afecta principalmente a personas de origen haitiano.
El Gobierno del presidente Medina anunció el pasado 23 de octubre que acata la sentencia del TC y que en dos meses iniciará un plan de regularización de extranjeros.
Algunos sectores sociales han propuesto una ley general de amnistía para los descendientes de extranjeros, una iniciativa que le parece "imposible" al director de Migración de República Dominicana, José Ricardo Taveras, porque infringiría la Constitución, que establece quiénes son dominicanos.
En República Dominicana hay 53.847 hijos de padres extranjeros, de un total de 117 nacionalidades, de los cuales 24.392 fueron inscritos de forma irregular, según el inventario realizado por la JCE a los libros del registro civil, presentado a la prensa.
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