Gesida alerta de casos de interrupción de tratamiento por VIH en inmigrantes

Madrid, 2 feb.- El Grupo de Estudio del Sida (Gesida) ha alertado hoy de que la entrada en vigor de la reforma sanitaria ha afectado a la atención médica de los inmigrantes irregulares infectados por VIH, de manera que el 16 por ciento de los médicos reconoce que ha tenido casos de interrupción del tratamiento.

Son los datos de un estudio elaborado por el Grupo de Estudio del SIDA de la SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que ha medido el impacto de la reforma sanitaria en la atención médica de los inmigrantes irregulares infectados por el VIH.

Según ha informado Gesida en un comunicado, el 37 por ciento de los médicos especialistas consultados reconoce que su práctica asistencial se ha visto dificultada "siempre o con frecuencia" tras la reforma.

Además, el 21 por ciento de los especialistas subrayó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley, y el 16,1 por ciento manifestó haber tenido casos de interrupción del seguimiento, del tratamiento o de ambos.

En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los participantes en la encuesta fueron la imposibilidad de citar a los pacientes (34 %), la no dispensación de medicación por parte del hospital (19 %) o la exigencia de pago (15 %).

También citaron problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación, o dificultad de acceso por problemas económicos.

Por otra parte, el 26 % de los médicos afirmaron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a esta población, como la necesidad de autorización directa por la Dirección Médica del centro o trámites específicos a partir del servicio de atención al paciente.

En la encuesta, el 71 % de los médicos mostraron su desacuerdo con el real decreto de reforma sanitaria por razones de tipo ético y humanitario, así como por el efecto negativo que tienen estas medidas sobre la salud pública y el gasto sanitario a largo plazo.

En el caso de las ONGs implicadas en la atención de inmigrantes en situación irregular, la opinión sobre el impacto del real decreto es aún más desfavorable.

Así, el 46 % de los encuestados reconocieron que habían tenido dificultades con la asistencia sanitaria siempre o con frecuencia, el 50 % de los pacientes no fueron atendidos o no se les prestó atención con frecuencia y se interrumpió el seguimiento, tratamiento o ambos en el 21 % de los casos.

El estudio, que ha sido publicado en la revista Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, ha contado con la opinión de 97 médicos especialistas en Enfermedades Infecciosas de 16 comunidades autónomas diferentes (todas menos Murcia) y 25 miembros de 23 ONGs radicadas en 11 comunidades.