Gobierno costarricense envía al Congreso proyecto para uniones homosexuales

San José, 8 ago.- El Gobierno de Costa Rica envió hoy al Congreso el proyecto de ley de Sociedades de Convivencia, el cual pretende legalizar las uniones civiles entre homosexuales y garantizarles derechos patrimoniales.

El proyecto de sociedades de convivencia busca el reconocimiento de derechos civiles como seguro social, herencia y pensión a las parejas del mismo sexo, y enfrenta una férrea oposición de la Iglesia católica y otros grupos religiosos.

En la actualidad el Congreso se encuentra en un periodo de sesiones extraordinarias, en el cual el Gobierno es el que decide qué proyectos se discuten.

En una reunión entablada a inicios de esta semana con grupos homosexuales y defensores de derechos humanos, el Poder Ejecutivo anunció su apoyo al proyecto de ley y su pronta convocatoria a sesiones del Congreso.

El presidente del Movimiento Diversidad, Marco Castillo, grupo que aglutina a grupos homosexuales, lesbianas y transexuales, declaró hoy a Efe que la convocatoria se trata de un "paso positivo", pero aún no supone ninguna victoria.

"Esto nos abre una expectativa. No creemos que la batalla ha sido ganada, sino que es un paso positivo hacia adelante", explicó Castillo.

El activista y abogado comentó que se toma con cautela el futuro del proyecto en la Asamblea Legislativa porque allí existen "fuerzas fundamentalistas" que se han venido "oponiendo" y "obstaculizan" proyectos de este tipo.

En junio pasado la Comisión de Derechos Humanos del Congreso costarricense rechazó por mayoría (4-2) una iniciativa de ley, pero la que convocó hoy el Ejecutivo se trata de otra diferente, aunque casi igual en su contenido, dijo Castillo.

El activista agregó que el Congreso deberá definir si el proyecto es enviado a la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado cristiano y férreo opositor del proyecto, Justo Orozco, o a la de Comisión de Asuntos Jurídicos.

"La esperanza es que vaya a la de Jurídicos", comentó Castillo, quien cree que con el apoyo del Ejecutivo es posible que la ley esté aprobada antes de mayo de 2014, cuando finaliza el Gobierno de Laura Chinchilla.