Gobierno y CCAA modifican el baremo para mejorar la valoración de enfermos mentales

Gobierno central y CCAA acordaron este martes modificar el baremo con el que se determina el grado y nivel de dependencia de una persona para facilitar el trabajo de los profesionales encargados de esta tarea y para mejorar la evaluación de enfermedades como las degenerativas y las mentales.

Así lo explicó a los medios de comunicación la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, al término de la reunión mantenida este miércoles con los representantes autonómicos de Asuntos Sociales en el Consejo Territorial de Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado en Madrid.

Según explicó la ministra, con la modificación del baremo, que entrará en vigor más o menos en un año, se introducirán criterios de frecuencia en la realización de determinadas tareas por parte de las personas dependientes, porque, dijo, no es lo mismo no poder hacer una cosa en algunas ocasiones que no poder realizarla la mayoría de las veces.

Con este cambio, se mejorarán también los manuales de aplicación del baremo y se incluirán nuevos elementos en la tabla de movilidad de la Escala de Valoración Específica (EVE) de dependencia para menores de tres años.

Además, prosiguió la titular de Política Social, la aplicación de este nuevo baremo conllevará, entre otras medidas, la elaboración de guías metodológicas para las distintas demencias y enfermedades neurodegenerativas y de protocolos de control de calidad.

Las personas valoradas antes de la entrada en vigor del decreto que modificará el baremo actual no tendrán que ser nuevamente valoradas cuando llegue el nuevo.

La ministra agradeció y valoró expresamente la colaboración y ayuda encontrada para la modificación del baremo en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que, subrayó, ha hecho en todo momento aportaciones "constructivas".

Buenas prácticas

Por otra parte, el Consejo Territorial de Dependencia aprobó este martes también la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas en materia de Dependencia para facilitar la aplicación de la ley y mejorar la eficiencia y equidad de la asignación de las prestaciones.

Según lo acordado por Gobierno central y CCAA, se considerarán buenas prácticas las actuaciones y experiencias sistematizadas y documentadas que estén orientadas a mejorar la atención y la calidad de vida de las personas dependientes.