Wilson Antonio López Tamayo, excarcelado el pasado 22 de enero y de regreso a su residencia familiar en la localidad de Envigado, aledaña a Medellín (noroeste) a finales de ese mes, fue amenazado de muerte entre el 1 y el 3 de febrero, según dijo la Corporación Solidaridad Jurídica en un comunicado en el que acusó al gobierno de no proteger a los indultados.
"Sabemos dónde vive y dónde está usted y su familia para que sepa de una vez de que se van a morir", le advirtieron unos individuos que se presentaron en su casa como miembros del grupo criminal Oficina de Envigado, radicado en ese municipio, agregó el texto.
En una llamada anónima posterior le dijeron que lo habían visto en televisión y que sabían quién era, según el colectivo que interpuso una "alerta temprana" ante las autoridades locales, entre ellas la alcaldía, según informó a la AFP.
Tras las amenazas, el integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) se trasladó a otro municipio "sin que hasta el momento y desde su liberación haya recibido ninguna clase de ayuda y protección por parte del Estado colombiano", advirtió la Corporación Solidaridad Jurídica.
El gobierno de Juan Manuel Santos indultó el pasado 22 de noviembre a 30 presos por delitos políticos, como rebelión, integrantes las FARC, principal guerrilla del país, como gesto de confianza en las negociaciones que sostienen en La Habana desde noviembre de 2012.
El 21 de enero fueron liberados los primeros 16 indultados. La Corporación de Solidaridad Jurídica confirmó a la AFP que en las semanas siguientes fueron excarcelados otros 10 presos y cuatro siguen en la cárcel.
El gobierno y la principal guerrilla de Colombia se comprometieron a sellar la paz definitiva el próximo 23 de marzo.
El conflicto colombiano, que comenzó como una sublevación campesina en los años 1960 y que ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, deja ya unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados.
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