Hepatitis. Defensa de la sanidad pública denuncia que el comité de abordaje está “plagado de conflictos de interés”

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) denunció este miércoles que el Comité de Abordaje de la Hepatitis C, creado por el Ministerio de Sanidad, es “un comité sesgado y plagado de conflictos de interés”.
En este sentido, la asociación afirma en un comunicado que Joan Rodés, encargado de dirigir este organismo, es “uno de los médicos españoles más fuertemente relacionados con las multinacionales farmacéuticas” e impulsor de la privatización del Hospital Clinic, “conocido por sus recortes de actividad y sus derivaciones a la sanidad privada”.
Asimismo, asegura que el resto de integrantes del Comité de Abordaje de la Hepatitis C también tiene conflictos de intereses que cuestionan su independencia. Por ello, la Fadsp exige que “los organismos públicos de evaluación de tecnologías sean los que emitan un informe, tras la evaluación de la mayor evidencia disponible en el manejo de la hepatitis C”.
A este respecto, también solicita la publicación “inmediata” de toda la información sobre los pacientes a los que se ha administrado el tratamiento con sofosbuvir en las distintas comunidades autónomas, antes de su aprobación, como uso compasivo, y tras su aprobación por el Ministerio de Sanidad, sus resultados y los efectos secundarios observados.
Además, pide que los profesionales “más prestigiosos” de los servicios públicos de salud de las diversas autonomías sean los componentes de la comisión que deberá elaborar el plan estratégico de la hepatitis C, “prescindiendo de los miembros con cualquier conflictos de interés” y la incorporación de expertos en Epidemiología y Salud Pública.
Para Fadsp, es necesario explorar “todas las vías que conduzcan al abaratamiento de los antivirales que se consideren beneficiosos para los pacientes, incluyendo su fabricación como genérico”.
Por último, esta asociación considera al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso “el primer responsable” en la elección de un comité de expertos “estrechamente relacionado con la industria farmacéutica y con tantos conflictos de interés”. “Una vez más está claro que se priorizan los intereses económicos de la industria farmacéutica por delante del derecho a la salud de la ciudadanía”, concluye.