Iglesia dice que Corte Centroamericana violenta orden jurídico de El Salvador

  • La Iglesia católica de El Salvador afirmó hoy que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) violenta el orden jurídico salvadoreño con su fallo contra la anulación de las elecciones de 20 magistrados que tiene al país sumido en una crisis institucional desde hace más de dos meses.

San Salvador, 19 ago.- La Iglesia católica de El Salvador afirmó hoy que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) violenta el orden jurídico salvadoreño con su fallo contra la anulación de las elecciones de 20 magistrados que tiene al país sumido en una crisis institucional desde hace más de dos meses.

"La CCJ debe respetar el orden constitucional de los países centroamericanos, limitándose a actuar conforme a lo dispuesto en su estatuto", señaló la Conferencia Episcopal de El Salvador en un comunicado leído ante los periodistas por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, tras la misa dominical.

El pasado jueves, la CCJ, con sede en Managua, declaró inaplicables las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el 5 de junio anularon las elecciones de magistrados hechas en 2006 y en abril de este año, cinco propietarios y sus respectivos suplentes en cada caso.

"La admisión de la demanda, así como la sentencia emitida por la CCJ, no tienen efectos jurídicos para el país, pues exceden la potestad y las atribuciones de la mencionada Corte, violentando el orden jurídico y el derecho interno salvadoreño", agregó la Conferencia Episcopal.

Remarcó que la CCJ "es incompetente para conocer y resolver sobre las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional salvadoreña" porque sólo es "competente para conocer sobre temas de integración" centroamericana.

Los obispos insistieron en que la Sala es "el tribunal exclusivo para conocer y resolver materias de orden constitucional", por lo que "la sentencia de la CCJ, ante la demanda presentada por la Asamblea Legislativa, no tiene efecto alguno".

La Corte regional emitió su sentencia al resolver un recurso de conflicto entre poderes del Estado presentado el 21 de junio por el Parlamento salvadoreño contra la CSJ.

Cada tres años debe renovarse un tercio de los 15 miembros de la CSJ, que así cumplen períodos escalonados de nueve años.

La Constitución salvadoreña no establece cuándo debe elegirse a los magistrados, pero la Sala consideró que una misma legislatura no puede hacerlo en dos ocasiones y que las que terminaron en 2006 y en abril pasado ya habían cumplido ese trámite.

El arzobispo Escobar lamentó que las negociaciones que los partidos políticos mantienen desde el 24 de julio con la mediación del presidente Mauricio Funes todavía no hayan solucionado la crisis y dijo esperar "que se resuelva cuanto antes".

Una nueva reunión entre Funes y los partidos, que empezó la tarde de ayer, terminó en la madrugada de hoy sin un acuerdo final.

El conflicto enfrenta en el plano político al gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y varios partidos minoritarios con el opositor Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha), los primeros a favor de las elecciones de magistrados y este último en contra.

Funes reconoció ayer que el fallo de la CCJ "no resuelve" la crisis porque la Sala rechaza su sentencia y reiteró que, por tanto, la salida debe ser mediante un acuerdo político.

Según el gobernante, el único punto pendiente de las negociaciones es quién será el nuevo presidente de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional, cargos que ocupó Belarmino Jaime hasta el 15 de julio.

Explicó que el FMLN y sus aliados insisten en que se mantenga a Ovidio Bonilla, elegido en abril, pero ARENA lo rechaza, y aclaró que las negociaciones siguen al margen del fallo de la CCJ.

Los partidos hasta el momento sólo han alcanzado dos acuerdos parciales: ratificar a los magistrados de 2006 y escoger a los de 2012 entre los mismos 11 propuestos en abril.

La crisis ha dejado a El Salvador con dos cortes supremas de justicia: una integrada por los magistrados cuyas elecciones fueron anuladas, presidida por Bonilla, y otra por la Sala de lo Constitucional ampliada con suplentes, encabezada por Florentín Meléndez, a quien Jaime dejó como "provisional".

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