"Indignados" convocan protestas contra la reforma constitucional en España

Madrid, 27 ago.- El "Movimiento 15-M" ha convocado para este domingo movilizaciones en varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, en protesta por la reforma constitucional pactada por el gubernamental Partido Socialista y el principal de la oposición, el Partido Popular, para limitar el déficit público.

En Madrid se ha convocado una manifestación que transcurrirá por el centro de la ciudad y concluirá en la Puerta del Sol, epicentro de las protestas de la primavera pasada, bajo el lema "No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!".

En la Puerta del Sol, donde cientos de "indignados" acamparon durante un mes para exigir un cambio político y social en España, se celebrará una asamblea general para seguir profundizando en la reforma constitucional, informaron hoy los convocantes en un comunicado.

Además, el próximo viernes han programado una "jornada de lucha" para tratar acciones y estrategias.

También mañana se llevarán a cabo protestas en Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Málaga y Zaragoza, entre otras ciudades españolas.

A juicio de los convocantes, esta reforma de la Constitución pretende "imponer el beneficio de unos pocos sobre la voluntad de la mayoría" con la excusa de ordenar las finanzas, "al dictado de los mercados y de los gobiernos conservadores de las potencias europeas".

Los convocantes de las protestas exigen que, "en el desgraciado caso de que no haya diputados suficientes para impedir esta chapuza democrática", se celebre un referéndum sobre la reforma, en el que pedirán votar "no", según el comunicado.

El Gobierno socialista español y el opositor Partido Popular emprendieron este viernes el procedimiento legal para establecer en la Constitución la exigencia de alcanzar un déficit público cercano a 0 en el año 2020, lo que convierte a España en el segundo país de la UE, tras Alemania, en dar ese paso.

Ése era el primer trámite parlamentario de la propuesta de reforma de la Carta Magna que se quiere concluir antes de las elecciones generales del 20 de noviembre, en las que todas las encuestas auguran un cambio de color político, con la victoria del PP.

El documento acordado establece un principio general de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, por el que el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea.