Inmigración. Cáritas denuncia un aumento de controles policiales a "sin papeles" en sus centros

Cáritas Española denunció este jueves que cada vez hay más controles policiales en sus centros, con el fin de investigar en qué situación administrativa se encuentran las personas inmigrantes que atiende esta institución.
Así lo afirmó el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, en una rueda de prensa en Madrid, donde se presentó un informe sobre la situación social de los inmigrantes atendidos por esta entidad.
Mora señaló que un tercio de las 54 Cáritas Diocesanas que han participado en este estudio reconocen que en 2010 se ha producido "un aumento" de la presencia de agentes de policía, que acuden una o dos veces al año para "preguntar por el responsable del centro" e interesarse por si los inmigrantes que atiende tienen o no su situación administrativa regularizada.
Indicó que estas actuaciones se enmarcan dentro de "la prevención del delito" y de un aumento de los controles de identificación en lugares públicos, pero precisó que en ningún caso Cáritas proporciona los datos solicitados "si no hay orden judicial o comisión de un delito". "No estamos en un Estado policial", apostilló.
150.00O PERSONAS IRREGULARES
Por otro lado, el informe de Cáritas asegura que esta institución atiende a cerca de 150.000 personas irregulares, lo que supone cerca de un tercio de la población extranjera "sin papeles" en España y también alrededor de un tercio de los ciudadanos foráneos que acuden a los centros de esta organización.
La directora del Área de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas Española, Ana Abril, denunció que es "una realidad extendida" en España que los ayuntamientos exijan "más datos" de los que marca la Ley de Bases del Régimen Local para acceder al padrón municipal.
Entre estos "requisitos adicionales" están, por ejemplo, que las personas inmigrantes titulares de un contrato de alquiler faciliten los datos de quienes viven con ellos.
Abril destacó que "muy pocos" inmigrantes deciden regresar a sus países y si lo hacen es por sus propios medios o a través del programa de retorno del Gobierno, debido fundamentalmente a la pérdida de empleo.
El informe refleja una fotografía de los inmigrantes atendidos por Cáritas basada en el desempleo, la precarización y la explotación laboral; graves dificultades para el pago de las hipotecas y el hacinamiento y la elevada movilidad residencial; el incremento de la irregularidad sobrevenida, más obstáculos para la reagrupación familiar y la supresión de servicios públicos destinados a la integración de este colectivo.