Inmigración. El caso del 'niño de la maleta' demuestra que los menores quedan “al albur de la legislación”, según la abogacía

Francisco Solans, miembro de la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía, denunció este viernes que el caso de Adou, el niño de Costa de Marfil de 8 años que trató de ser introducido en España metido en una maleta, evidencia que los intereses del menor quedan “al albur de la legislación española”.
En declaraciones a Servimedia, Solans alertó de que existen “muchos casos similares no tan llamativos” de padres “desesperados” que protagonizan diversas acciones para estar con sus hijos, incluso llegando a ponerles en riesgo o “inflando sus nóminas” para justificar los ingresos que les permitan traer a los menores a España.
Por ello, este portavoz del Consejo de la Abogacía subrayó que en el caso del Adou, a quien se le acaba de dar un permiso temporal de residencia en España de un año de duración, se ha hecho patente una vez más que “la Ley de Extranjería se aplica como si no existiera la legislación del menor”. “Sin tener en cuenta los intereses del menor se le dice al padre que no puede traer a su hijo porque no tiene dinero suficiente”, recordó.
Los abogados también insisten en que la citada normativa de Extranjería “debería cumplir los convenios internacionales y permitir la reagrupación de los menores”, en vez de aplicar una “lógica peculiar” para “no traer personas pobres”.
Así, Solans recalcó que el padre, “a la desesperada acaba haciendo una barbaridad a la que le ha llevado esta ley que tenemos y su aplicación inmisericorde”.
Por ello, una de las preocupaciones que manifestó a Servimedia el portavoz de extranjería del Consejo General de la Abogacía es “qué pasará” cuando expire el permiso, si se le devolverá a sus padres, cuando el progenitor está en la cárcel “por un delito bastante comprensible”, o si se mantendrá el permiso de residencia, entre otras cuestiones.
En este sentido, concluyó que “es muy probable, con la Ley de Extranjería en la mano”, que el padre sea condenado y expulsado, y, como consecuencia, la madre y el niño también serán devueltos, porque las administraciones españolas buscan “el ahorro en servicios sociales”.