Inmigración. La fundación raíces acusa al estado de “cubrirse” con el permiso de residencia al 'niño de la maleta'

La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, acusó este viernes al Estado español de intentar “cubrirse” ante el caso de Adou, el niño de Costa de Marfil de 8 años al que su padre trató de introducir en España en una maleta, para poder reagruparle con su familia. Según dijo, “nunca” se ha visto otorgar un permiso de residencia “de manera tan rápida”.
“Sin duda el hecho de que el niño haya entrado en España de esta manera, metido en una maleta, y que haya tenido tantísima repercusión mediática ha forzado a que el Estado español se vea en la obligación de alguna manera de intentar al menos regularizar a este niño, cuando no lo hizo cuando se lo pidieron sus padres”, dijo Reyzábal a Servimedia.
Asimismo, tachó de “absolutamente indignante” que no se haya permitido entrar al niño de manera legal en España, cuando los padres eran “residentes legales” y tenían una nómina que acredita medios “más que suficientes; aunque para la Ley de Extranjería no, pero para la vida sí”.
“El Estado ha impedido eso y ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y, claro, el Estado está intentando, de alguna manera, cubrirse”, apostilló.
MILES DE NIÑOS COMO ADOU
La presidenta de la Fundación Raíces recordó que “miles de niños” extranjeros se encuentran en una situación similar que la que ha vivido Adou, pues acceden a España de forma ilegal para reagruparse con sus familias.
Es el caso, dijo, de “todos los niños que llegan por el aeropuerto de Barajas, de toda Iberoamérica”. “En vez de escondidos en las maletas llegan con visados de turistas, que son los únicos tipos de visados que se les conceden, porque sus padres intentan traerles reagrupándoles, pero como la Ley de Extranjería, su afán y su empeño es controlar y cerrar las fronteras, pues es muy difícil cumplir con los requisitos que te exigen para poder reagrupar a un niño”. Una vez que se extinguen los meses del visado los menores se quedan viviendo con sus padres sin ser regularizados “de ninguna manera”, hasta que demuestran que llevan viviendo dos años “de manera medio oculta” con su familia.
“Y si sus padres acreditan entonces que tienen medios y que cumplen con los requisitos, que fundamentalmente se basan en los medios económicos, que no cumplieron en su día para poder entrar, y demuestran que llevan dos años aquí de manera irregular entonces se les concede un permiso de residencia”, explicó.
La Fundación Raíces contabiliza al menos ochenta casos de menores, mayoritariamente procedentes del África subsahariana, Marruecos y Bangladesh, que suelen llegar a España en pateras, en los bajos de camiones y a través de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, que acaban en desamparo.
En estos casos, el Estado español, según la fundación, “de manera sistemática” no acepta como “válidos” los pasaportes y partidas de nacimiento y los considera mayores de edad, por lo que acaba “abandonándolos en la calle, sin tutela”, y, al final, “tampoco obtienen permiso de residencia, porque los deja en situación de desamparo”. “Si fuesen considerados menores serían regulares a todos los efectos”, concluyó.