Londres, 21 nov.- Una hermandad católica de La Salle que suministraba profesores a un reformatorio del norte de Inglaterra fue declarada hoy por un tribunal londinense responsable legal de los abusos sexuales a menores cometidos por maestros.
La Corte Suprema, máxima instancia judicial británica, dictaminó que el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, de la congregación de La Salle, que aportaba maestros y también al director del ya clausurado correccional de Saint Williams en East Yorkshire, tiene responsabilidad por abusos cometidos entre 1952 y 1992.
En un juicio previo, había sido declarada responsable solo la Sociedad católica para el bienestar infantil, asociada a la diócesis de Middlesbrough y que durante años dirigió el centro, pero esta recurrió para responsabilizar también al Instituto de La Salle.
La Corte Suprema respondía a la demanda presentada por 170 hombres que piden indemnizaciones de unos 8 millones de libras (10 millones de euros) por haber sufrido abusos en esa escuela, uno de cuyos directores, James Carragher, de La Salle, fue encarcelado en 2004 por delitos sexuales graves.
Los demandantes sostienen que fueron objeto de abusos sexuales por parte de ese director y de otros profesores procedentes de la citada hermandad.
Un hermano de La Salle, Aidan Kilty, lamentó hoy lo sucedido en Saint Williams y el "daño" que ha causado el comportamiento de Carragher.
Kilty aseguró que, desde antes de conocer este veredicto, la orden de La Salle había revisado sus procedimientos para adecuarlos a las exigencias de la Iglesia católica.
Saint Williams fue fundado en 1865 por benefactores católicos y, tras décadas como reformatorio, en 1973 se convirtió en centro de acogida de menores de entre 10 y 16 años, hasta su cierre en los años 90.
El veredicto de la Corte Suprema, que permitirá a las víctimas presentar demandas de indemnización individuales, anula las decisiones en otro sentido de tribunales inferiores.
El dictamen sienta precedente en el Reino Unido, ya que, según los expertos, implica que los organismos que suministran profesores o cuidadores infantiles deben hacer las comprobaciones necesarias para evitar que se cometan abusos, ya que son legalmente responsables.
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