El Ministerio del Interior ya estaba advertido de que en cualquier momento podría producirse un fallo en los tribunales que anulara los nombramientos de altos cargos por no tener titulación universitaria. Un informe de la Abogacía del Estado así se lo había anunciado después de que en 2012 la Audiencia Nacional ordenara cesar temporalmente al jefe superior de Policía del País Vasco, Fernando Amo, por este motivo.
El auto de la Audiencia quedó sin efecto porque el denunciante no era comisario o comisario principal y no podía por lo tanto acceder al puesto que estaba señalando como ocupado de forma ilegal (según sentencia del Juzgado número 9 de febrero de 2013). Amo volvió, por lo tanto, a su cargo como máximo responsable policial de comunidad autónoma. Sin embargo, era el primer aviso. Si el denunciante hubiera sido un funcionario de la escala superior, el fallo judicial habría sido distinto, advertía la Abogacía, cuyo informe provocó la reacción inmediata de la Dirección General.
En concreto, el departamento dirigido por Ignacio Cosidó se planteó solucionar el problema exigiendo la titulación universitaria en todos los ascensos a comisario y a comisario principal que se produjeran desde entonces. Solicitó entonces un nuevo informe a la Abogacía del Estado para que estableciera cuál era el mejor modo de solucionar el problema.
La respuesta de la Abogacía, remitida a finales de mayo, fue que lo más conveniente sería modificar el Reglamento de Procesos Selectivos de la Policía para que éste incluyera el requisito. La Dirección General hizo los cambios y en septiembre de 2013 se los devolvió a la Abogacía, se los entregó a los sindicatos y se los pasó también a la Secretaría Técnica del Ministerio.La decisión del secretario de Estado
Justo un mes después, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, nombró a José María Rodríguez Calderón subdirector general de la Inspección de Personal del Ministerio, designación que fue recurrida por un inspector y que posteriormente (el pasado 16 de julio) la Audiencia Nacional anuló, lo que provocaría el primer problema de cada a la ciudadanía después del cese temporal de Amo.
El segundo problema se produciría después de que la Secretaría Técnica del Ministerio, tras conocer la modificación que pretendía hacer Cosidó en el Reglamento de Procesos Selectivos, indicara –a finales del pasado febrero– que no era suficiente con esos cambios. Indicaba que resultaba necesario modificar la ley, no solo el reglamento, conclusión que contradecía el informe anterior de la Abogacía que hasta ese momento había guiado a la Dirección General.
Cosidó remitió a la Abogacía la pega planteada por la Secretaría Técnica en marzo de 2014, justo un mes antes de cuando se preveía que saliera la convocatoria de ascenso a comisarios. Todo indicaba, por lo tanto, que esta convocatoria iba a retrasarse, como de hecho ocurrió.Reformar la ley
La Abogacía respondió en abril que ratificaba lo indicado por la Secretaría Técnica y que se tornaba necesario reformar la ley, no solo el reglamento, para exigir la titulación universitaria a los nuevos comisarios. No era posible, por lo tanto, incluir esa exigencia en la convocatoria que ya salía con retraso. Y de hecho así se publicó, sin incluir la titulación como requisito obligatorio.
El retraso de la convocatoria ha venido bien a algunos aspirantes a comisario, según han publicado distintos medios, que han denunciado que la Dirección ha aplazado a propósito el ascenso para que a estos funcionarios les diese tiempo a cumplir cinco años como inspector jefe, requisito indispensable para subir de categoría.
La importancia del problema de la titulación en el Ministerio del Interior se hizo patente después de que el pasado 16 de julio el Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional anulara el nombramiento de Rodríguez Calderón por carecer de licenciatura. La sentencia, emitida tras el recurso del mismo inspector que provocó el cese temporal de Amo, da de plazo hasta el próximo 4 de septiembre para ser ejecutada.
Los servicios jurídicos del Ministerio estudian durante estos días si recurren o no el fallo judicial, que también criticaba a la Secretaría de Estado por no hacer publicidad de la plaza de subdirector y cubrirla sin darlo a conocer.
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