México, 12 nov.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó hoy con el Gobierno mexicano y representantes de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala los términos de la asistencia técnica que brindará en el caso.
El documento, firmado en la capital mexicana, establece que la CIDH supervisará la creación un grupo de expertos que dé asistencia y verificación técnica a las acciones realizadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los estudiantes el 26 de septiembre en el municipio de Iguala.
"Cualquier apoyo técnico de la comisión incluirá medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala", precisó el organismo en un comunicado.
El Gobierno mexicano y los representantes de las familias de los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa presentaron en octubre una solicitud a la CIDH de asistencia técnica en la investigación y búsqueda de los jóvenes.
La cancillería mexicana indicó que la próxima semana se oficializará la suscripción del acuerdo de asistencia técnica en un evento en que se espera la presencia del secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y el relator para México, el comisionado James Cavallaro.
Señaló que es resultado de los trabajos realizados por las tres partes "en seguimiento a la implementación de las medidas cautelares decretadas por el órgano interamericano el 3 de octubre de 2014", entre ellas realizar las acciones para determinar la situación y paradero de los 43 estudiantes.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores recordó que la firma del convenio es uno de los compromisos que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el 29 de octubre con los padres de los estudiantes en un encuentro celebrado en la residencia oficial de Los Pinos.
El texto fue firmado por el representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa, el relator para México de la CIDH y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, en representación de los familiares.
Según la investigación de la fiscalía, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías el 26 de septiembre en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos en una noche en la que seis personas murieron en ataques a tiros ordenados por el entonces alcalde, José Luis Abarca, detenido la semana pasada.
De acuerdo con el testimonio de tres miembros del grupo criminal, los jóvenes fueron asesinados e incinerados por órdenes del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien creyó que eran miembros del grupo rival Los Rojos.
Sin embargo, la Fiscalía seguirá considerando desaparecidos a los jóvenes hasta que las pruebas genéticas a los restos humanos hallados en el municipio de Cocula, vecino a Iguala, confirmen si son los jóvenes de Ayotzinapa.
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