La Comisión puntualiza que no es competente en el empadronamiento de irregulares

Bruselas.- La Comisión Europea (CE) ha puntualizado hoy que no es competente en materia de empadronamiento y que, por tanto, no entra en el fondo de la polémica alrededor de las reticencias del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) a inscribir a los inmigrantes sin papeles.

El portavoz de asuntos de Interior del Ejecutivo comunitario, Michele Cercone, ha aclarado que la comisaria del ramo, Cecilia Malström "no se ha pronunciado sobre la posibilidad o no de registrar a las personas en situación irregular" y que lo que exige Bruselas es que la situación de esos inmigrantes se clarifique cuanto antes.

En su respuesta por escrito a una pregunta del eurodiputado de CiU Ramon Tremosa difundida hoy, Malmström dejó claro que la normativa comunitaria no permite que los países que sepan de la presencia de una persona en situación irregular en su territorio decidan no actuar.

"Las autoridades españolas, una vez que tienen conocimiento de la presencia en su territorio de un nacional de un tercer país que se encuentre en situación irregular, ya no son libres para tolerar esta situación sin iniciar los procedimientos de retorno o poner en marcha procedimientos para concederle el derecho a permanecer en su territorio", señaló.

Para CiU, la postura de la comisaria avala al Ayuntamiento de Vic en su enfrentamiento con el Gobierno, que le exige que inscriba a los sin papeles en el censo.

Sin embargo, Cercone ha subrayado que la Comisión "no ha tomado posición en materia de registro", ya que ese punto en concreto no está cubierto por la directiva europea aprobada en 2008.

Esa norma, acordada por el Parlamento Europeo (PE) y los Estados miembros, tiene como objetivo "reducir las zonas grises, evitar la explotación de las personas en situación irregular y mejorar la seguridad jurídica de todas las partes implicadas", según subrayaba en su respuesta la comisaria.

Los países, señalaba Malström, pueden determinar a qué nivel administrativo (local, regional o federal) se toman esas decisiones sobre el retorno o la regularización, pero insistía en que en cualquier caso es el Estado el que es "responsable ante la UE de la correcta aplicación de la directiva".

Bruselas, sin embargo, no puede por el momento actuar formalmente contra las autoridades nacionales que no cumplan con la directiva, pues tienen hasta el 24 de diciembre de este año para incorporarla a sus legislaciones nacionales.

Sin embargo, Malmström llamaba "a todos los Estados miembros, incluida España, a velar por el cumplimiento de las normas fijadas en la directiva tan pronto como sea posible".

La decisión inicial del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a las personas en situación irregular provocó en España una importante polémica a principios de este año.

Para el Gobierno y la Abogacía del Estado, con arreglo a la ley los ayuntamientos deben inscribir a los extranjeros con independencia de si tienen o no residencia legal en España.