La reducción media del gasto sanitario per cápita en España ha sido del 6 %

Madrid, 24 abr.- La reducción media del gasto sanitario per cápita en España en 2012 ha sido del 6 %, con especial incidencia en aquellas comunidades con mayores problemas de deuda a proveedores y demoras en los pagos.

Ésta es una de las conclusiones del informe "Diez temas candentes de la Sanidad para 2012" que, por tercer año consecutivo, elabora PwC a partir de las reflexiones de un nutrido grupo de expertos moderado por los ex ministros de Sanidad Julián García Vargas y Ana Pastor.

Del estudio se desprende que diez de las diecisiete comunidades autónomas se han visto obligadas a recortar sus presupuestos de Sanidad. Las que más, Cataluña y Murcia, con una reducción del 8,2 % y el 7,5 %, respectivamente.

Sin embargo, según el documento, estos ajustes deben estar bien orientados siendo además necesario llevar a cabo reformas en profundidad que "incidan en un incremento de la eficacia y de la productividad".

En la actualidad, la deuda total del Sistema Nacional de Salud en suministros de medicamentos a hospitales y con empresas de tecnología sanitaria asciende a cerca de 11.600 millones de euros, en torno al 20 % de presupuesto sanitario del conjunto de las comunidades autónomas.

Si se suma la deuda con las oficinas de farmacia y concesionarias hospitalarias ésta podría superar los 17.000 millones de euros, según los resultados de este análisis.

Además, los expertos advierten de que no solo se está incrementando la deuda sino que los días de retraso en los pagos también están creciendo.

El plazo medio de pago a proveedores de medicamentos se ha incrementado de 390 a 525 días y el de las empresas de tecnología sanitaria de 347 a 473 días.

Al igual que en el informe del año pasado, la puesta en marcha de un plan de pago de la deuda que las administraciones públicas tiene con los proveedores sanitarios es considerada como una cuestión "crucial y que debe acometerse con urgencia".

El documento destaca, entre las reformas a asumir, la necesidad de revisar la cartera de servicios y prestaciones sanitarias que cubre el sistema público de salud y propone una nueva clasificación con el objetivo de mejorar la gestión y lograr mayores niveles de eficiencia.

En este sentido, se considera clave la creación de una Agencia de Evaluación independiente que realice esta función, como ha anunciado el Ejecutivo.

Plantea asimismo la posibilidad de diferenciar el tratamiento en términos de financiación pública de aquellos fármacos considerados vitales o ligados a determinadas enfermedades de aquellos vinculados a estilos de vida o de confort.

La colaboración público-privada es otro de los ejes a impulsar y, en este sentido, aboga por la conveniencia de diseñar un marco regulatorio que resuelva cualquier tipo de duda sobre este tipo de fórmulas y salvaguarde los intereses públicos, que "no son otros que la obtención de una asistencia de calidad a un precio razonable".

Los expertos insisten en la necesidad de cambiar el actual modelo sanitario, desde el punto de vista de la atención, orientándolo hacia las enfermedades crónicas que representan el 70 % del gasto.

En este sentido, se insiste en que el sistema actual está orientado hacia las enfermedades agudas y basado en contactos episódicos presenciales con los pacientes, algo no adecuado para el seguimiento de las enfermedades crónicas, mucho más basado en la monitorización a distancia (mHealth, mobile Health) y en la gestión de casos en la que cobran un relevante papel las enfermeras.

El grupo de reflexión que ha participado en la elaboración del texto considera demanda el diseño de una agenda de cambios nacional y autonómico para que todos ellos se realicen de forma coordinada y homogénea y armónica.

Entre las propuestas para la agenda nacional, se incluyen los criterios generales de responsabilización del ciudadano en su propia salud y en la utilización del sistema.