La Sanidad de Castilla y León no ha dejado de atender a ningún inmigrante

Valladolid, 20 dic.- La sanidad de Castilla y León no ha dejado de atender a ningún inmigrante, tanto en atención primaria como en hospitalaria, aunque estuviera en situación irregular o no pudiera pagar.

Así lo ha asegurado hoy en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, al ser preguntado por si la Comunidad iba prestar esa asistencia tras conocerse que el Tribunal Constitucional ha avalado la decisión, en esa línea, del Gobierno Vasco.

"Lo estamos haciendo, no hemos dejado de dar asistencia a los inmigrantes", ha referido el también consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León señaló el pasado 1 de setiembre que atenderá en sus centros sanitarios a todas las personas que lo necesiten y anunció que los inmigrantes en situación irregular formarán parte de un registro de "asegurados especiales" y se les facturará el servicio.

Este estatus les permite tener su historia clínica, pedir cita con el médico y enfermera que se les asigne, estar incluidos en la campaña de vacunación de la gripe y acceder a todas las pruebas diagnósticas previstas en Atención Primaria (203).

Para determinar la situación económica de los pacientes que carezcan de tarjeta sanitaria se ofrece y facilita a los inmigrantes la suscripción del convenio de atención sanitaria previsto por el Ministerio.

En el caso de que no exista este convenio, la Junta remitirá la factura a los países de origen de los pacientes, si es que tienen convenio de reciprocidad con España -actualmente los estados miembro de la UE más Brasil, Chile, Andorra, Ecuador, Perú y Marruecos- y en última instancia se pasará la factura el propio paciente, aunque en la mayor parte de los casos la Administración asume que quedarán como impagados.

Precisamente hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el proyecto de ley de integración de los inmigrantes, y dedica uno de sus capítulos a la atención sanitaria.

Uno de sus objetivos es promover que en torno a 32.000 inmigrantes que viven en Castilla y León sin tarjeta sanitaria cuenten con esta herramienta de integración.

El proyecto de ley incluye el fomento del estudio de la lengua castellana como elemento de integración y recoge la creación de un centro de inmigración por provincia.

La normativa "propicia el aprendizaje" del castellano pero no obliga a su conocimiento, aunque De Santiago-Juárez se ha preguntado "¿cómo se puede ir a la escuela si no se domina el idioma?."