La seguridad en Túnez, a debate en la Asamblea Constituyente

Túnez, 24 ene.- La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tunecina centró hoy sus debates por segundo día consecutivo en la seguridad en el país, en una sesión en la que la oposición ha exigido responsabilidades al Gobierno.

En la sesión de hoy, los diputados han expresado su comprensión ante las que han calificado como "reivindicaciones legítimas de los ciudadanos de las regiones", en referencia a las numerosas manifestaciones registradas en distintos puntos del país.

No obstante, han mostrado su "rechazo a los ataques contra los hospitales, las autoridades regionales y los periodistas" que se han producido recientemente.

Varios diputados del opositor Partido Democrático Progresista (PDP) preguntaron por las medidas que tomará el Ejecutivo para poner fin a "la deriva de la seguridad que amenaza el futuro del país".

En este sentido, exigieron un programa "claro y preciso" para promover inversiones, crear empleo y reducir la tasa de paro.

El diputado del Atakatol, Jamel Touir,, miembro de uno de los tres partidos que forman la alianza de Gobierno, insistió en la importancia de alcanzar un acuerdo "para parar la ola de protestas y y permitir al Gobierno superar la situación actual", que calificó de "explosiva".

La diputada del gobernante movimiento Al Nahda, Beya Jauadi, advirtió de unas supuestas "maniobras secretas para hacer caer al gobierno" y denunció "tentativas de bajar la moral del pueblo para suscitar temores sobre el futuro".

El presidente del Consejo de Ministros, Hamadi Yabali, aseguró ayer que las huelgas y protestas habían costado en 2011 2.500 millones de dinares tunecinos (unos 1.278 millones de euros) al erario público.

Para mejorar la situación, Yabali anunció un plan de desarrollo, con 260 proyectos en diversas regiones, que, según dijo, favorecerá la creación de 28.000 puestos de trabajo.

No obstante, reconoció que la falta de seguridad mantenía bloqueado el inicio del plan.

Las discusiones en la Asamblea Legislativa han coincidido con varias protestas e incidentes.

Personal sanitario y agentes de aduanas se manifestaron hoy para denunciar "las continuas agresiones" que vienen sufriendo en sus respectivos lugares de trabajo.

Los colegios de Magistrados y de Periodistas condenaron las agresiones verbales y físicas a profesionales, por parte de radicales islámicos, durante un juicio contra un director de un canal de televisión acusado de emitir una película contraria a los preceptos de la ley islámica.

También hoy, un grupo de salafíes (rigoristas islámicos), irrumpió en la facultad de Ciencias y Letras, situada a 25 kilómetros de la capital, en protesta por la no admisión de una alumna vestida con el niqab (prenda que cubre el rostro de la mujer) que se negó a descubrirse para entrar en el campus como exigen las normas de la universidad.

Los salafíes que han protagonizado protestas similares en los últimos meses y han llegado a paralizar la actividad educativa, fueron desalojados finalmente por la Policía, según el líder de la Asociación de Jóvenes Musulmanes, Wissem Othman.