Madrid, 3 dic.- La presidenta de la Fundación CNSE, Concha Díaz, ha alertado hoy de los "riesgos" que implican los "recortes" de las políticas públicas para la autonomía de las personas sordas y del "incumplimiento" de la ley en cuanto a la garantía de la formación reglada de éstas en lengua de signos.
Díaz ha intervenido en la presentación de la Constitución en lengua de signos española y catalana (www.fundacioncnse.org/constitucionenlenguadesignos), en la que también han participado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, entre otros.
La presidenta de la Fundación de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha comentado que los ajustes pueden afectar a los intérpretes de lengua de signos y que las "deudas" de las comunidades con las entidades de personas sordas puede significar un retroceso de derechos.
Díaz ha comentado que "hace poco había muchísimas tensiones separatistas", pero las personas sordas de CNSE y la Federación de Personas Sordas de Cataluña tienen una "voluntad de entendimiento" para conseguir el bienestar de todas ellas.
El presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, ha lamentado que los derechos, libertades y protección de la Constitución no han llegado con la fuerza e intensidad debidas a las personas con discapacidad, 34 años después de ser aprobada.
Una de las "anomalías", ha indicado, es que la Constitución no fuera accesible hasta ahora para las personas sordas.
Ha pedido al director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, que se promueva un estudio sobre el tratamiento de la discapacidad en la Constitución y posibles mejoras terminológicas, para que estas personas no sean llamadas "disminuidas" y para que la lengua de signos pudiera tener una "constitucionalización".
Pendás ha replicado que toma nota de esta cuestión y Sáenz de Santamaría ha anunciado "toda la colaboración" del Gobierno.
Tanto el CEPC como la Fundación ONCE y el Congreso han apoyado también el proyecto de traducción.
La vicepresidenta ha reconocido que no podía imaginarse que la Constitución no se hubiera traducido aun a lengua de signos, así que he pedido "estar mucho más pendiente" de lo que pasa.
"Hoy hacemos posible que aquello que nos une por encima de todo, como es la Constitución, supere una vez más las barreras que pueden separarnos, distanciarnos y que, en este caso, son las de la comunicación", ha afirmado.
La ministra Mato se ha referido a la Constitución como la de la "concordia", que "tanta democracia, libertad y convivencia ha traído".
Ha recalcado que consagra un Estado social sin que pueda prevalecer ninguna discriminación, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos como cualesquiera.
La traducción de la ley de leyes a la lengua de signos es "un paso más en el camino hacia la igualdad" por medio de la colaboración de organizaciones sociales y poderes públicos, ha señalado.
Pese al difícil contexto económico, ha dicho que el apoyo al sector es cuestión prioritaria, y ha recordado que el último Consejo de Ministros aumentó en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación de la dependencia.
También ha insistido que se está trabajando con las asociaciones para "integrar en un único marco legal" las distintas normas sobre discapacidad que se han venido aprobando durante estos años.
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