Los ecologistas ven ahora “complicado” que la ley de montes permita construir en zonas incendiadas

Representantes de las principales organizaciones ecologistas de España (Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) mostraron este lunes a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sus discrepancias con la Ley de Montes, actualmente en fase de tramitación de enmiendas en el Congreso de los Diputados, pero dejaron claro que la redacción final del Gobierno dificulta que se construya o especule en terrenos incendiados.
Lo hicieron en un encuentro celebrado en Madrid, a la que también asistieron el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos; Paco Segura, coordinador estatal de Ecologistas en Acción; Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace; Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife, y Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. También estuvo invitada la directora de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, pero no pudo acudir a la reunión por motivos personales.
El encuentro tuvo como objetivo poner encima de la mesa las prioridades que tanto el Gobierno como los ecologistas tienen con vistas al final de esta legislatura y trataron diversos temas, como la Ley de Montes, las prospecciones en Lanzarote y Fuerteventura, residuos, calidad del aire, el uso ilegal del agua en Doñana, los planes de gestión de la Red Natura 2000 y los bancos de conservación, entre otros.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de enero el proyecto de ley de reforma de la Ley de Montes, puesto que la actual es de 2006, con la oposición de ONG como Ecologistas en Acción y WWF, que alertaron de que permitiría recalificar en zonas incendiadas en el caso de “interés general prevalente”, cuando la norma vigente impide ese cambio de uso forestal en un plazo de 30 años.
AGENTES FORESTALES
Fuentes de los ecologistas señalaron hoy a Servimedia que la norma que ha llegado al Congreso recoge que el cambio de uso forestal sólo se permitiría por “razones imperiosas de interés público de primer orden”, una terminología recogida en la Directiva de Hábitats y “menos problemática” que “interés general prevalente”, con lo que consideraron “complicado” que se especule con terrenos incendiados, aunque precisaron que “no deja de tener riesgos porque estas cosas en España no son raras”.
Sin embargo, Tejerina y Ramos y los ecologistas discreparon en otros aspectos de la reforma de la Ley de Montes, que fue uno de los principales temas de la agenda de la reunión y en donde hubo más desacuerdo.
Dos asistentes a la reunión señalaron a Servimedia que los representantes del Gobierno trasladaron a los ecologistas que, en principio, “no habrá cambios sustanciales” en la redacción final de la ley.
Los ecologistas tildaron la propuesta de reforma de “paso atrás” porque no obliga a todos los montes a tener un plan de ordenación, como sucede con la actual ley, lo que podría fomentar su abandono y, en consecuencia, la aparición de incendios.
Además, plantearon a Tejerina y Ramos que los agentes forestales tendrán menos capacidades porque la ley supedita su labor a los agentes del Seprona, cuando ambos cuerpos deberían ejercer como policía judicial, pero los miembros del Ejecutivo señalaron que la norma recoge lo ya establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.