Los impagos de los conciertos sociales llegan a la Fiscalía y al Parlament

Barcelona, 31 jul.- La falta de liquidez de la Generalitat que ha motivado el impago de los conciertos de plazas asistenciales concertadas en geriátricos y centros de discapacitados, menores y drogodependientes del mes de julio ha llegado hoy a la Fiscalía y ha forzado la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlament.

El impago de los conciertos de este mes hace peligrar no sólo las nóminas de miles de trabajadores sociales, sino la manutención de unos 2.000 menores acogidos en los centros que atiende la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (FEDAIA).

Pese a que la Mesa del Tercer Sector Social, que agrupa a casi 4.000 entidades sociales, ha garantizado que los trabajadores sociales mantendrán los servicios y atención a las personas, la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD) ha presentado hoy en la Fiscalía un escrito "preventivo" por "posible desatención y riesgo vital" de los ancianos de los asilos, y han pedido al fiscal que actúe "en defensa de los residentes desamparados".

Según ha informado a Efe Andrés Rueda, director de ASCAD, que agrupa a unos 300 directores de asilos, el riesgo es especialmente grave para las personas altamente dependientes ingresadas porque "previsiblemente se producirán carencias de equipos humanos y de necesidades materiales asistenciales".

En su escrito a la Fiscalía, los directores de los geriátricos consideran que "es una situación de verdadera alarma social", y advierten de que pese a ser los responsables del cuidado de los ancianos, el impago "imposibilitará garantizar los derechos" de los residentes recogidos en las leyes vigentes.

El Govern ha garantizado que el pago del dinero que debe a las entidades concertadas que prestan servicios sociales tendrá lugar "antes de finales de agosto" y ha asegurado que el retraso no pone en riesgo el estado de bienestar.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, ha admitido que el retraso en los pagos puede perjudicar el cobro de nóminas de trabajadores o la prestación de determinados servicios, pero no ha ofrecido "datos concretos" sobre las entidades y sitios.

Homs también ha responsabilizado al Gobierno de Mariano Rajoy de los problemas de tesorería de la Generalitat por no pagar el dinero que le debe, tanto por el actual sistema de financiación como por la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatut.

El revuelo, malestar y polémica causado por estos impagos ha impulsado a los grupos parlamentarios del PSC, ICV-EUiA y ERC a forzar la convocatoria de la Diputación Permanente del Parlament para que el Govern dé explicaciones, cosa que podría suceder la próxima semana.

Mientras que los sindicatos UGT y CCOO han exigido al ejecutivo catalán que si no puede pagar este mes los conciertos, abra una línea de liquidez en el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el sindicato de enfermería Satse ha tildado de "irresponsable" al Govern y el PSC ha advertido de que el impago conduce hacia la "fractura social".

La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, Àngels Guiteras, ha asegurado que las entidades sociales garantizarán los servicios y la atención a las personas, pese a que el Govern les ha trasladado el problema de tesorería al no pagarles los conciertos de julio.

En declaraciones a Efe, Guiteras ha afirmado que los trabajadores de las entidades "garantizarán los servicios", aunque los problemas de liquidez de la Generalitat "ponen en peligro la viabilidad de muchas entidades".

La Mesa del Tercer Sector está haciendo un seguimiento de todas las entidades conjuntamente con el departamento de Bienestar Social para evitar que ninguna entidad quiebre y deje de prestar servicios.

La Confederación de Asociaciones Empresariales del Tercer Sector Social ha resaltado el "compromiso y responsabilidad" demostrado por el sector para prestar un servicio público de calidad, por lo que ha reclamado a la Generalitat que responda "con el mismo compromiso" hacia los colectivos más vulnerables.

Las principales entidades de personas discapacitadas y con trastornos mentales aseguran que esta situación pone "al límite del colapso financiero" a las asociaciones.

Además de los cientos de asilos con miles de plazas concertadas, este impago afecta directamente a 144 entidades de discapacitados físicos, con 3.600 plazas y 2.000 profesionales, a 325 entidades de discapacitados intelectuales y con trastornos mentales que atienden a 31.000 personas.

Las patronales del sector han pedido a la Generalitat que "busque soluciones rápidas a sus problemas de tesorería para poder cumplir sus compromisos".

El presidente de ECOM (federación de entidades de atención a los discapacitados), Antonio Guillén, ha asegurado que en el tercer sector "está creciendo el descontento por el sentimiento de impotencia e indefensión".