Los indígenas mantienen viva la protesta social en Colombia

Ana Gómez

Bogotá, 21 oct.- Las marchas de los pueblos indígenas han avivado las protestas sociales que desde hace unos meses copan calles y carreteras de Colombia, y atrajeron hoy la atención de organismos internacionales que pidieron a las autoridades el fin de la represión violenta.

La ONG Amnistía Internacional (AI) pidió hoy desde Londres a las autoridades de Colombia que aseguren el fin de la violencia contra los indígenas que protestan por sus derechos y que garanticen su seguridad ante las amenazas de muerte que reciben por parte de grupos paramilitares.

El doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, Fernando Giraldo, resaltó en declaraciones a Efe el peso que ha tomado el derecho a la huelga y a la manifestación entre algunos sectores que en el pasado se resignaron a vivir aislados y en el más profundo abandono del Estado colombiano.

"Colombia llegó tarde, pero llegó a la conciencia de que la protesta es un derecho", dijo Giraldo, quien recordó que el país no vivía un periodo de movilización tan fuerte desde septiembre de 1977, cuando los colombianos se rebelaron contra las políticas del entonces presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978).

Los caficultores y los camioneros inauguraron la temporada de protestas de 2013 con los primeros bloqueos de vías en febrero, en demanda de ayudas estatales para hacer frente a las consecuencias de la devaluación del dólar frente al peso y a los bajos precios internacionales del grano.

Les siguieron en junio los cocaleros durante 50 días en rechazo a campañas de erradicación de cultivos y el abandono del Estado, pero la mecha social no se prendió del todo hasta el "paro agrario nacional", que arrancó el 19 de agosto y durante unos veinte días mantuvo cortadas importantes carreteras.

El denominador común en estos sucesos siempre fue el mismo, según Giraldo: "son problemas acumulados de décadas" que el Gobierno no ha sabido "entender ni atender" y que siguen sin resolverse, por lo que "el riesgo de que se desaten nuevamente estas protestas se va a mantener".

La semana pasada, los indígenas convocaron una movilización nacional o minga, inmediatamente respondida por la Policía, el Ejército y los antidisturbios que produjo desmanes que se saldaron con decenas de aborígenes heridos y un muerto.

En lugar de responder con fuerza, Giraldo considera que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos debería "decretar una emergencia social que le permita de manera extraordinaria tomar medidas, disponer rápidamente de recursos, crear y poner instituciones al servicio de esa necesidad porque eso ayuda a paliar las dificultades de la gente".

Después de estos incidentes, el Gobierno y los líderes de las manifestaciones alcanzaron los primeros acuerdos para levantar los cortes en las carreteras de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Risaralda como paso previo para iniciar una negociación de sus demandas.

Además, el movimiento indígena ha sido objeto de amenazas de la banda narcoparamilitar de Los Rastrojos, que acusó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de auspiciar las movilizaciones sociales para conseguir sus fines y "frenar el desarrollo del país" manipulando a indígenas y campesinos.

"Exigimos el levantamiento de cualquier actividad de alteración del orden público y social como paros o manifestaciones en estas zonas del país: Cauca, Caldas, Risaralda, Huila, La Guajira y Antioquia. De lo contrario, iniciamos la limpieza social", amenazaron Los Rastrojos.