Los médicos irlandeses podrán negarse a practicar un aborto

Dublín, 13 jun.- Los médicos irlandeses podrán negarse a practicar un aborto por "objeción de conciencia", si bien el hospital seguirá estando obligado a ofrecer la interrupción del embarazo en casos pertinentes, afirmó hoy el ministro irlandés de Sanidad, James Reilly.

El ministro presentó la pasada madrugada el texto definitivo de la nueva ley del aborto, que prevé autorizar la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre esté en peligro, lo que incluye también la amenaza de suicidio.

Después de pasar el filtro de varios comités parlamentarios, el Gobierno irlandés dio a conocer hoy el contenido de la ley, que modifica algunos aspectos del borrador original.

El texto volverá a la Cámara Baja del Parlamento irlandés el próximo 11 de julio para que sea aprobado en votación por sus miembros, según explicó Reilly.

Entre los cambios introducidos destaca el citado derecho a la "objeción de conciencia" del médico, pero ninguno de los centros hospitalarios públicos designados por el Gobierno, 25 en total, podrá negarse a practicar un aborto si es legal.

La ley también prevé penas de cárcel de hasta 14 años para quien "destruya, intencionadamente, una vida humana no nacida", una definición que, comparada con el texto original, exime a la madre de cualquier responsabilidad penal.

Además, el ministro de Sanidad se reserva el poder para suspender el servicio prestado por un hospital si considera que no cumple con las provisiones de la ley.

En la actualidad el aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre está en riesgo pero está sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas en un país mayoritariamente católico.

La nueva ley, que debería entrar en vigor antes del verano tras el voto parlamentario, sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas siguiendo directrices muy vagas recogidas en la Constitución.

El texto propone ahora que las interrupciones del embarazo en casos no considerados "de urgencia" se practiquen en unidades de ginecología del servicio público de salud, después de que dos médicos certifiquen que existe un "riesgo sustancial y real" para la vida de la madre.

Si se trata de una emergencia, un solo médico podrá decidir si es necesario practicar un aborto para salvar la vida de la embarazada.

La inclusión de la amenaza de suicidio como motivo para abortar es la cláusula que más preocupa a algunos conservadores, pues creen que abrirá la puerta en Irlanda a lo denominan "abortos a la carta".

A este respecto, la nueva ley propone que un comité de tres expertos, compuesto por dos psiquiatras y un obstétrico, evalúe a través de un historial y entrevistas el estado de salud físico y mental de la madre, quien no será interrogada por los tres a la vez, tal y como querían los laboristas, para evitar dar un aire inquisitorial al proceso.

Si los expertos dan luz verde, será la madre la que decida seguir adelante con la interrupción del embarazo, pero si le es denegada ella será la única que podrá apelar la decisión ante otra instancia médica compuesta por tres especialistas.