Madrid, 5 oct.- La embajadora designada del Ecuador en España, Aminta Buenaño, se ha reunido hoy en Madrid con la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, con quien ha abordado diversos asuntos relacionados con la colectividad ecuatoriana residente en el país.
La sede diplomática ecuatoriana ha informado del encuentro entre Buenaño y Cava de Llano en un comunicado, en el que ha recordado que con alrededor de 360.000 personas, la comunidad de Ecuador es la mayor entre todas las latinoamericanas en España.
Escritora, periodista y hasta ahora asambleísta, Aminta Buenaño fue designada hace un mes por el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, como nueva titular de la misión diplomática en España, donde próximamente asumirá sus funciones oficiales.
La nueva embajadora llegó el pasado lunes a Madrid acompañando al canciller Ricardo Patiño, que con una visita de dos días inició en España una gira por siete países de Europa y Asia.
El comunicado de la embajada señala que en su visita a la Defensora del Pueblo, Buenaño ha expresado su satisfacción por encontrarse en un país como España, al que le unen estrechos vínculos.
Se ha interesado, además, por la situación de los inmigrantes ecuatorianos y el papel de la Defensora del Pueblo en la tutela de sus derechos.
Cava de Llano le ha manifestado que uno de los motivos más frecuentes por los que acuden los inmigrantes a su institución es la demora en los trámites de obtención de la nacionalidad española.
También lo hacen ante las graves situaciones familiares derivadas de la crisis económica, especialmente por el problema de las deudas hipotecarias cuyo impago por la pérdida de puestos de trabajo suele desembocar en el embargo de viviendas.
La Defensora del Pueblo, añade la nota, ha explicado a la embajadora que otro aspecto que se sigue con especial atención, para evitar eventuales abusos, es el de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIES), espacios no penitenciarios que facilitan la expulsión de las personas en situación irregular.
Asimismo se ha referido a la violencia de género, recalcando que desde hace varios años se ha conseguido que las inmigrantes con documentación irregular no sean expulsadas al denunciar cualquier tipo de violencia familiar, y puedan sentirse libres y sin temor para hacerlo.
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