Valparaíso/Santiago de Chile.- Once de los 33 mineros que estuvieron 70 días atrapados en un yacimiento del norte de Chile continúan con baja médica y apoyo psicológico cuatro meses y medio después de su rescate el pasado 13 de octubre.
Según informó la Asociación Chilena de Seguridad (Achs) al vespertino "La Segunda", en estos meses 22 de ellos han sido dados de alta por los profesionales de salud mental del Hospital del Trabajador de Santiago.
De este grupo, ocho trabajadores decidieron abandonar el tratamiento.
Los once que siguen con apoyo psicológico "presentan estrés postraumático, requieren tratamiento farmacológico y psicoterapia de apoyo. Por esta razón, ellos aún no están en condiciones de reintegrarse al mundo laboral", dijo Pino.
Todos ellos continúan recibiendo un sueldo financiado por la Achs, una corporación privada sin fines de lucro que otorga cobertura total a los siniestros por accidentes laborales.
En el caso de los mineros dados de alta, cuatro de ellos han podido volver al mundo laboral, según Pino.
Desde su rescate, los mineros han participado en numerosos viajes, de forma individual y en grupo, como el que les llevó en enero a Disney World o el que 25 de ellos finalizaron ayer tras pasar ocho días por Tierra Santa.
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó hoy por unanimidad el informe de la comisión investigadora que analizó las responsabilidades políticas y administrativas en el derrumbe de la mina San José, a 830 kilómetros al norte de Santiago.
Tal como se informó ayer, cuando fue entregado al ministro de Minería, Laurence Golborne, el texto establece que los principales responsables de este accidente fueron los propietarios del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny.
El documento señala que los ejecutivos "no solo no adoptaron las medidas de seguridad laboral y faenas requeridas por la autoridad, sino que intentaron deslindar responsabilidades en los servicios fiscalizadores y luego en los trabajadores".
El informe también responsabiliza al estatal Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) por no cumplir con su obligación legal de fiscalizar el estado y funcionamiento del yacimiento.
Asimismo, atribuye responsabilidad en el derrumbe a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Atacama, entidad que en los días previos autorizó la reapertura de la mina, que había sido clausurada debido a un accidente anterior.
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