ONG exige acceso a inmigrantes en centros de detención fronterizos de EE.UU.

Washington, 27 mar.- Defensores de los derechos humanos pidieron hoy a la CIDH que interceda para que el Gobierno de EE.UU. les permita acceder a los centros de detención en la frontera con México, donde sospechan que se violan derechos de los inmigrantes.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización de defensa de los inmigrantes No More Deaths (No más muertes) expresó su desconfianza en la gestión que la Oficina de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP) de EE.UU. hace de los centros donde los inmigrantes esperan a ser deportados.

Según indicó una representante de esa ONG, Danielle Alvarado, el sistema de detención temporal de los inmigrantes "no puede prevenir y hasta cierto punto condona los agravios contra las personas que se encuentran en custodia".

La organización recopiló, entre diciembre de 2009 y septiembre de 2011, un total de 75 quejas sobre la conducta supuestamente inapropiada de agentes de la patrulla fronteriza, tras entrevistar a 15.000 inmigrantes en un plazo de seis años.

Posteriormente entregó todas esas denuncias a la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero sólo 15 de ellas han sido aceptadas y ninguna de ellas ha sido resuelta, denunció Alvarado.

No More Deaths condenó que la CBP no haga pública su política de actuación, lo que impide que las organizaciones puedan saber cómo presentar sus denuncias para que sean atendidas, y pidió por tanto un "mecanismo de supervisión independiente" de las quejas.

Otra representante de esa organización, Vicki Kline, explicó en la audiencia que muchos de los inmigrantes temen que sus quejas acaben siendo investigadas por la CBP, la misma agencia a la que están denunciando, lo que lleva a que muchas de ellas sean anónimas y finalmente rechazadas por falta de información.

Esa carencia de datos suficientes para procesar las denuncias fue la base del argumento de los representantes de Estados Unidos en la audiencia, encabezados por la directora de la oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS, Tamara Kessler.

La funcionaria rechazó que exista una falta de independencia en la operación de su oficina, que tramita las denuncias sobre abusos, entre los que destacan las deficiencias en atención médica o alimentaria, la falta de devolución de sus pertenencias cuando son deportados o la separación entre miembros de una familia.

Por su parte, el subjefe de CBP, Ronald Vitiello, aseguró que su agencia "no tolera ni promueve los abusos", que son investigados y, en el caso de que un agente haya cometido una falta, sancionados debidamente.

Los peticionarios solicitaron a la CIDH, que celebra su 144 periodo de sesiones en Washington, que visite la frontera para comprobar la situación de los centros de detención y que exija un mayor acceso a ellos para "acabar con estos abusos", en palabras de Alvarado.