Padres, alumnos y directores condenan la acción policial y piden dimisiones

  • Asociaciones de padres, de directores de centro, y de estudiantes han condenado la acción policial ante la manifestación de alumnos del IES Lluis Vives y han pedido las dimisiones de los responsables en una rueda de prensa en la que el Sindicato de Estudiantes ha anunciado movilizaciones para los próximos 27 y 29 de febrero en todo el país.

Madrid, 22 feb.- Asociaciones de padres, de directores de centro, y de estudiantes han condenado la acción policial ante la manifestación de alumnos del IES Lluis Vives y han pedido las dimisiones de los responsables en una rueda de prensa en la que el Sindicato de Estudiantes ha anunciado movilizaciones para los próximos 27 y 29 de febrero en todo el país.

El presidente del Sindicato de Estudiantes, Thoil Delgado, se ha declarado escandalizado e indignado "con una represión policial que no tiene precedentes" en la historia democrática contra jóvenes de 13 a 17 años.

Delgado ha añadido que el Partido Popular insiste en que no quiere que España se convierta en Grecia pero parece que sí quiere la Grecia de la represión y de los palos "como sus acciones demuestran en la práctica".

El calendario de convocatorias son para el próximo día 23, una concentración contra la represión y por la educación pública, ante la Consejería de Educación del País Valenciano.

El día 27, paros de cinco minutos a las doce de la mañana, en todos los IES del país y el lunes 29 una nueva huelga general en el País Valenciano y jornada de lucha estatal, con paros, asambleas, concentraciones y manifestaciones a las doce de la mañana.

Las asociaciones de padres, CEAPA, de estudiantes CANAE y de directores de centros públicos (FEDADE), han condenado la violencia con la que ha actuado la policía en Valencia, "tremendamente desmesurada" en un lugar donde mayoritariamente los estudiantes son menores de edad, ha dicho el presidente de CEAPA, Virgilio Gantes.

Gantes ha añadido que los estudiantes defendían sus derechos y que "no es tolerable" lo que ha pasado en el IES Lluis Vives de Valencia, y ha planteado si los padres ante próximas manifestaciones van a tener que decirles "no podéis ir ante el temor de que les hagan daño a nuestros hijos".

María José Navarro, presidenta de la FAPA de Valencia, ha dicho que la situación que se ha vivido en Valencia "es muy preocupante" y que la actuación de la policía ha sido desproporcionada.

Navarro ha añadido que "nuestros hijos no deben recibir ese trato", cuando lo que estaban reclamando era esa educación de calidad que cualquier alumno merece, y que los responsables deben dimitir.

Ha explicado que en la Comunidad Valenciana la situación "es muy complicada", y que hasta hace 15 días los alumnos tenían que ir con mantas a los institutos porque no había para pagar la calefacción y que siguen con graves problemas de financiación.

"No estamos pidiendo una educación de calidad, pedimos unos mínimos básicos para poder funcionar", por lo menos el presupuesto para tener calefacción en los centros y la luz encendida y folios para poder escribir, ha añadido Navarro.

El presidente de CANAE, Alvaro Ferrer, ha apoyado el derecho de los estudiantes a manifestarse y reclamar un servicio público de calidad y a la integridad física y rechazan la respuesta desorbitada de las fuerzas públicas.

En el mismo sentido José Antonio Martínez presidente de FEDADI ha lamentado la "desproporcionada brutalidad policial" y el trato que se les ha dado a los alumnos como delincuentes o enemigos.

Jose Luis Pazos, presidente de la FAPA de Madrid, que ha apoyado las convocatorias de todos los colectivos, ha dicho que se ha conocido en las redes sociales que se ha multiplicado por 10 el gasto de la compra de gases lacrimógenos para este año, un millón y medio de euros, que en su opinión es "una declaración de intenciones" del Gobierno.

Las movilizaciones en solidaridad con los estudiantes del Instituto Lluis Vives de Valencia, comienzan esta misma tarde con una concentración frente al IES valenciano y después irán a la Delegación del Gobierno a pedir la dimisión de la delegada, Paula Sánchez de León.

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