Desde que la corte internacional con sede en Costa Rica ordenara las medidas en 2014, se han registrado decenas de asesinatos, incluidas tres rebeliones, dos asfixiados en incendios, dos elecrocutados, dos decapitados y cinco casos de abusos sexuales.
"Ese es el saldo macabro que tenemos en el Complejo Penitenciario de Curado desde que esta corte ordenó medidas urgentes", expresó en la sesión Fernando Delgado, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard.
Precisó que esa cárcel tiene 7.000 internos en un espacio para menos de 2.000, lo que da cuenta de la situación de hacinamiento que sufre.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió a Brasil en mayo de 2014 adoptar medidas urgentes en la cárcel de Curado, en la ciudad de Recife, para preservar la vida y la integridad personal de los presos.
Las medidas fueron ordenadas ante "una situación de extrema gravedad y urgencia relacionada con diversos hechos de violencia, tales como motines, agresiones entre internos y de parte de funcionarios, amenazas de muerte, asesinatos, presuntos actos de tortura y malos tratos, enfermedades contagiosas sin atención médica", señaló la CorteIDH.
El tribunal convocó a representantes del Estado y defensores de derechos humanos para evaluar la situación de Curado ante indicios de que persisten los hechos violentos en el centro penal.
"Hay un genuino reconocimiento de las dificultades existentes, pero no hay duda de nuestra voluntad política para atacar el problema de frente", aseguro la embajadora brasileña en Costa Rica, Maria Dulce Silva Barros, en representación del Estado.
El secretario de Justicia de Pernambuco, Pedro Eurico de Barros, detalló las acciones adoptadas para cumplir las medidas ordenadas por la CorteIDH.
Precisó que fue contratada una empresa para ampliar la cárcel, se instaló un sistema de cámaras de vigilancia y se creó una comisión de combate a la tortura.
Al mismo tiempo, aseguró que el estado de Pernambuco lanzó una campaña de vacunación de presos y, para reducir la población penal, licitó la compra de tobilleras electrónicas e instaló una comisión de especialistas para ayudar a los jueces a dictar medidas alternativas al encarcelamiento.
mas/ja
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