Perú abandona a los afectados por un terremoto

(Pisco, Perú). Hace dos años y medio, cuando los equipos de rescate todavía estaban extrayendo cadáveres entre los escombros producidos por un terremoto devastador, el presidente de Perú, Alan García, visitó la zona y prometió que su Gobierno reconstruiría rápidamente la destrozada ciudad costera de Pisco.Las palabras de García se difundieron por todo el mundo y la comunidad internacional movilizó su ayuda.

Pero hoy, Pisco todavía siendo el esqueleto de lo que fue en su día.La mayor parte de los habitantes de la ciudad viven en casas dañadas, donde unas profundas grietas en las paredes les recuerdan a diario el terremoto de magnitud 7,9 que causó la muerte de 596 personas el 15 de agosto de 2007. Miles de personas viven en las casuchas con paredes de yeso, recubiertas con lonas o esterillas de paja, que han sustituido a sus casas arrasadas.

"Todavía estamos viviendo entre las ruinas de Pisco", dice Alejandrina Cabrera, de pie sobre el suelo de hormigón de su antigua casa. Su hogar ahora es una "casa" de una habitación y paredes de yeso donada por el Gobierno turco. Cabrera y otros conciudadanos se preguntan por qué el proceso de reconstrucción no ha seguido adelante tal y como se les prometió.

Las duras condiciones en Pisco son un ejemplo de las dificultades que entraña asegurar una buena reconstrucción una vez que el foco de la atención internacional gira hacia otra parte.Más de un mes después del devastador terremoto de Haití, la pregunta es: ¿cómo se puede evitar caer en lo mismo?

"La respuesta [del Gobierno] ha sido lenta, y desde el primer día la mala comunicación ha sido constante", dice Ascensión Martínez, jefa de operaciones en Perú de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que pasó dos años trabajando en Pisco después de la catástrofe.

Pisco está a tres horas por carretera al sur de Lima. En agosto de 2007 tenía 130.000 habitantes. En torno al 18 por ciento de esa población se ha marchado desde entonces, según los cálculos del gobierno municipal.Las visiones de convertir a Pisco en una vibrante comunidad pesquera que pudiese resistir cualquier terremoto futuro han dado paso a una ambición más terrenal: lograr que la ciudad vuelva a sostenerse en pie algún día.

El Gobierno acaba de empezar ahora los trabajos para levantar un hospital que sustituya al que fue destruido por el temblor. El 40 por ciento de las escuelas permanecen cerradas. Tan sólo el 50 por ciento de los hogares tienen sistemas de alcantarillado que funcionan. El ayuntamiento ocupa unas instalaciones provisionales en un descampado. Y la mayor parte de los habitantes están sin empleo o sacan algún dinero pescando o vendiendo productos en la calle.

Proliferan los rumores sobre corrupción en torno a la gestión del dinero del Gobierno, y poco a poco aumenta la frustración de la gente.

Los signos de destrucción se pueden ver por todas partes.En la manzana donde vive Alejandrina Cabrera, por ejemplo, sólo tres de las 30 sencillas casas han sido reconstruidas. El panorama en la calle López del Alarcón, a 10 manzanas de distancia, es más o menos el mismo.Delia Gihua, una vendedora callejera desempleada de 50 años, baldea el trozo de calle frente a su casa a diario para mantener alejado el polvo. Gihua señala una grieta en la fachada de su casa y explica que para arreglar la estructura necesita 1.000 dólares (más de 700 euros).

Su vecina de al lado, Corina Tipiani, asegura que ella, al igual que otros muchos residentes de Pisco, ha recibido un pago de 2.100 dólares (1.540 euros) del Gobierno como ayuda para la reconstrucción de su casa. Pero dice que para arreglarla necesita 6.500 dólares (4.770 euros). "Me siento traicionada por el Gobierno", reconoce Tipiani.

Jacobo Ocharan, que trabajó en Pisco después del terremoto con Oxfam America, asegura que en todos los países golpeados por una catástrofe natural, los Gobiernos tienen dificultades estableciendo la cantidad de dinero que deben de aportar las arcas públicas para financiar la reconstrucción de casas y negocios particulares.Este aspecto es especialmente grave en lugares como Pisco, o Haití, donde muchas de las personas sobrevivían ya a duras penas antes del desastre y construían casas endebles en terrenos de los que no eran propietarios legales.

El Gobierno de Perú ha insistido en que tan sólo dará 2.100 dólares y concederá un préstamo de 6.000 dólares a bajo interés para la reconstrucción a quienes tengan un título legal de propiedad sobre el terreno que ocupan. Pero sólo el 30 por ciento de las casas de Pisco tenían título de propiedad antes del seísmo, explica Jorge Luis Pineda, portavoz del alcalde de la ciudad, Juan Mendoza.El trabajo del Gobierno ha logrado aumentar esa cifra desde entonces al 60 por ciento, pero eso significa que casi la mitad de la población continúa sin poder optar a ayudas oficiales.

"El tiempo de recuperación está vinculado en gran parte a la situación anterior a la catástrofe", afirma Ocharan por teléfono desde Boston. "Un país con un gobierno débil se recupera más lentamente".

Según Ascensión Martínez, de la Cruz Roja, la clave desde el inicio es hacer participar a los habitantes de la zona en los planes de reconstrucción, manteniéndoles al día de todos los progresos.Además, la reconstrucción de algunos sitios destacados, simbólicos, sirve para inspirar confianza a la población, añade. "Sin transparencia, se desatan los rumores", afirma por teléfono desde Panamá. "Eso genera desconfianza y provoca insatisfacción".

Las luchas internas entre distintos niveles del Gobierno han bloqueado los esfuerzos de reconstrucción, añade Mark Ghilarducci, un experto en desastres naturales que trabaja para James Lee Witt Associates. "No había un vínculo entre las prioridades del gobierno nacional y el local", señala desde Sacramento en entrevista telefónica.Pineda echa la culpa de la lenta recuperación de Pisco a la burocracia del gobierno central. "Nos gustaría hacer las cosas más rápido, pero el dinero viene del gobierno central", dice, añadiendo que muchos habitantes han desaprovechado el pago de los 2.100 dólares del Estado.