PRESENTAN OCHO DENUNCIAS CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EXIGIR UN PERMISO DE PATERNIDAD “EN IGUALDAD”

Ocho padres “indignados”, respaldados por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransfereibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), han iniciado un recurso legal contra la Seguridad Social para exigir su permiso de paternidad de 16 semanas.
Según la plataforma, estas acciones podrían haberse evitado si la reforma que propone no estuviera bloqueada en el Congreso desde hace cuatro años. El permiso sería intransferible y pagado al 100% para poder atender sus responsabilidades familiares en igualdad con las madres.
Según Javier, uno de los padres que ha exigido ante el Juzgado de lo Social de Madrid el citado permiso, han llegado a este punto porque les han “obligado”. La indignación de estos padres llega por “no poder cuidar de sus hijos e hijas en igualdad”. “Solo estamos exigiendo un derecho laboral y una prestación de la Seguridad Social que nos hemos ganado con nuestras cotizaciones, ¿por qué nos lo niegan?”, sostiene Raúl, otro de los padres.
Según Ángeles Briñón, coportavoz de la PPiiNA, la acción de los ocho padres que han acudido a los tribunales es fruto del bloqueo en el Congreso de la reforma de la ley que esta organización lleva defendiendo una década.
“Los padres se han visto obligados a ir contra la Seguridad Social porque necesitan el derecho a cuidar de sus bebés y no pueden esperar sentados mientras el Congreso sigue retrasando sine-die la equiparación de su permiso con el de maternidad”, afirmó.
Mariano Nieto, también coportavoz de la plataforma, añadió que “con el actual sistema, las madres, una vez terminado su permiso, no pueden ser sustituidas en el cuidado por el otro progenitor, lo que les origina graves dificultades para reincorporarse a sus empleos. Mientras, a las criaturas se les priva del cuidado y del vínculo con su papá o con su otra mamá”.
La demanda, según la abogada Elena Rodilla, se fundamenta en los principios de la Constitución española y la Carta Europea de Derechos, así como en la normativa comunitaria y nacional de los últimos años. Para ello, recurre a la jurisprudencia existente sobre la aplicación del principio de igualdad; la prohibición del trato diferencial discriminatorio, la protección a la familia y a la infancia; y la interpretación no formalista de las normas.