Proceso de paz avanza fortalecido pero expuesto a vicisitudes del conflicto

Ana Gómez

Bogotá, 14 nov.- El proceso de paz colombiano entrará la próxima semana en su segundo año fortalecido por los dos acuerdos ya alcanzados, pero expuesto a las vicisitudes propias de una negociación que transcurre en medio del conflicto.

El Gobierno y las FARC dieron un importante paso en Cuba con estos dos primeros preacuerdos sobre desarrollo rural y participación política, pues atacan el origen del conflicto, que está en el desigual reparto de la tierra, y ofrecen garantías para un futuro en paz al abrir la democracia a una guerrilla sin armas.

Sin embargo, a pocos días de iniciar el siguiente ciclo de conversaciones para abordar en primer lugar el tema de la droga y posteriormente los de víctimas y fin del conflicto, el Gobierno reveló un supuesto plan de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para atentar contra personalidades del país.

De concretarse estos planes contra el expresidente Álvaro Uribe, el fiscal general, Eduardo Montealegre, y el exvicepresidente Francisco Santos, así como contra un grupo de congresistas, el proceso de paz se habría ido al traste, como reconoció el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle.

"Un atentado de esa naturaleza destruiría la viabilidad del proceso", señaló.

Las partes negocian en La Habana bajo la premisa de que lo que sucede en Colombia, donde continúa el fuego cruzado, no debe afectar al curso del diálogo ni los cinco temas definidos por la agenda.

Hicieron falta seis meses y una semana de negociaciones en La Habana para que las partes le dieran forma al primer acuerdo sobre acceso y uso de la tierra, anunciado en mayo pasado, que plantea las medidas de la auténtica reforma agraria que Colombia necesita desde hace décadas.

Casi cinco meses después, y en medio de un clima de nerviosismo por el dilatado ritmo de las negociaciones, la mesa anunció el pasado 6 de noviembre el segundo acuerdo, de participación política para los alzados en armas, con la condición de que las abandonen.

En este consenso, el Gobierno también se comprometió a revisar el régimen electoral al tiempo que abrió el espectro democrático a los movimientos sociales, a la representación política de las regiones y convocó a todos los partidos para redactar un estatuto de oposición.

La idea es impedir que se repita una matanza política como la vivida en la década de los años 80 cuando las FARC conformaron el partido de la Unión Patriótica (UP) como fruto de un acuerdo con el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), pero una guerra sucia se cobró la vida de unos 4.000 militantes a manos de paramilitares y agentes del Estado.

Como puntualizó el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, tras conocer el segundo preacuerdo, "nunca antes se había llegado tan lejos en el camino para terminar el conflicto".

Por su parte, Luis Carlos Villegas, negociador del Gobierno, hizo una reflexión aseveró que los acuerdos alcanzados son "las respuestas del Estado para solucionar el conflicto" y que la pelota está ahora en el campo de las FARC.

El Gobierno y las FARC se reunirán de nuevo el 18 de noviembre, un día antes del primer aniversario del proceso, en un ciclo que estará centrado en la discusión del problema de las drogas ilícitas.

El líder máximo de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", definió en un artículo la postura de las FARC sobre este punto, que se resume en la oposición a la guerra armada contra las drogas impulsada por Estados Unidos y en el respaldo de las alternativas productivas para campesinos que acuden al negocio de los estupefacientes por necesidad.

En el marco de la discusión de este punto está previsto que Santos se reúna el día 3 de diciembre en Washington con su homólogo estadounidense, Barack Obama, con quien supuestamente hablará del proceso de paz, entre otros temas.

Después, en un orden que aún no ha sido establecido, las FARC y el Gobierno analizarán el punto sobre el "fin del conflicto", que incluye complejas discusiones sobre el cese el fuego, la dejación de las armas por parte de la guerrilla y sobre el mecanismo de justicia transicional al que se someterá este grupo.

El quinto punto será el de la compensación a las víctimas y uno adicional será la "implementación, verificación y refrendación" de los acuerdos que se firmen, que tiene como principal dificultad establecer si serán sometidos a consulta popular como propone el Gobierno o a través de una Asamblea Constituyente, como insisten las FARC.