Profesora universitaria:se contrata a cualquiera de traductor en los juzgados

Santa Cruz de Tenerife, 20 mar.- La profesora de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Vigo Maribel del Pozo dijo a Efe que en España se contrata "a cualquiera" para trabajar como interprete traductor en los juzgados, y reclamó formación para que haya profesionales en este servicio y así evitar errores "catastróficos".

Maribel del Pozo, que imparte en Tenerife un curso de Experto Universitario en Traducción e Interpretación para los Servicios Comunitarios en la Universidad de La Laguna, indicó que es necesario que en los juzgados y en la policía se contrate a profesionales.

Algo que ahora no se hace y lleva a errores "impresionantes", aseguró Maribel del Pozo, quien insistió en que es difícil tener profesionales si no hay formación.

Una persona que haga de interprete en un juzgado debe saber algo del sistema procesal, pero lo que se produce en España es que se contrata "a cualquiera", declaró Maribel del Pozo, quien explicó que lo que se debe hacer es aplicar el sentido común.

Así, comentó que es preciso pensar qué tipo de interprete querría uno para sí de ser detenido en un país cuyo idioma no conoce.

La respuesta es que se querría un interprete profesional, que conociese el vocabulario, el procedimiento, las técnicas de interpretación, que fuese imparcial, mantuviese la confidencialidad y tuviese un código deontológico, añadió.

Maribel del Pozo reconoció que cada vez hay más personas formadas pero aseguró que hasta que las administraciones no pongan algún tipo de filtro, dispongan de registros de intérpretes profesionales y pongan orden, no se resolverán los problemas.

Las competencias en materia de Justicia son de las comunidades autónomas, en casi todos los casos, de forma que cada una se organiza a su manera y la situación es mala en todas, señaló.

Uno de los sistemas de provisión de servicios de traducción son las oposiciones para el caso de interpretes judiciales y en cada Comunidad Autónoma se organiza de una forma pero en la mayoría lo máximo que se exige son estudios de ESO.

Añadió que como no hay interpretes para todas las lenguas y ni siquiera se cubre la demanda de inglés y francés, algunas comunidades autónomas han sacado el servicio a licitación y lo ha ganado una empresa privada que contrata a cualquiera que dice que conoce la lengua.

Otro sistema para cubrir los servicios de traducción e interpretación en los juzgados consiste en disponer de una lista de traductores pero en estos casos no hay filtros ni se sabe quienes son ni qué formación tienen, dijo Maribel del Pozo.

Este colectivo tiene esperanzas en la aplicación de una directiva comunitaria que los estados deben aplicar en 2013 y con la que se pretende que toda persona que esté en un proceso penal tenga intérprete desde la detención hasta la apelación.