La dirigente, que fue aliada de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) en Jujuy, fue arrestada por "instigación a cometer ilícitos y tumulto" al identificarla como líder de una acampada frente a la sede de la gobernación provincial.
La protesta, con instalación de carpas, comenzó el 14 de diciembre en reclamo de ser recibidos por el gobernador jujeño Gerardo Morales, de la alianza de centroderecha Cambiemos que lidera el presidente Mauricio Macri.
Su detención fue un nuevo batacazo para los movimientos de la base kirchnerista en este país, donde se viven días de tensión política con marchas y manifestaciones de gremios contra el "ajuste económico de Macri", miles de despedidos del sector público y decisiones por decretos en la justicia y organismos contra los monopolios de medios de comunicación.
"En este momento la policía de Gerardo Morales me está deteniendo, esto es como en la dictadura", escribió la dirigente en su cuenta de Twitter el sábado.
Morales asegura que la acampada tiene "motivaciones políticas y conlleva una actitud destituyente" de su gobierno que busca modificar la asignación de recursos a las cientos de cooperativas de trabajo de Jujuy.
Muchas de ellas responden a la organización Tupac Amaru que lidera Sala y reciben en conjunto millones de pesos en subsidios.
Morales acusa a la dirigente social por el supuesto desvío de fondos.
El arresto fue repudiado por miles de personas que acudieron a la Plaza de Mayo de la capital argentina para formar un "Cabildo Abierto en defensa del Trabajo, por la Libertad de Milagro Sala y contra la criminalización de la protesta social", según la convocatoria de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una de las más grandes del país.
La detención desató una reacción de repudio y un pedido de informes al Estado Argentino, desde el bloque Parlasur del Frente para la Victoria, el partido de Kirchner.
El presidente del Parlasur, Jorge Taiana, pidió a la canciller, Susana Malcorra, "información sobre la detención de la Parlamentaria Milagro Sala, y sobre las medidas adoptadas a fin de asegurar su integradidad personal, su libertad, el debido ejercicio de sus garantías judiciales y su derecho a manifestarse libremente".
Pero la cancillería le respondió que se trata de un asunto de "incumbencia exclusiva de la justicia".
El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria también reclamó en conferencia de prensa la liberación de la dirigente a la que consideró una "presa política".
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