Bogotá.- La relatora especial para la libertad de expresión en la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, pidió hoy la creación de mecanismos de investigación específicos contra la violencia contra los periodistas, debido a que la ausencia de ellos arroja como resultado "una impunidad brutal".
Así lo hizo durante la primera conferencia en Latinoamérica de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), celebrada el miércoles y el jueves en la capital de Colombia y a la que asistieron más de 185 representantes de medios de comunicación de todo el mundo.
La necesidad de proteger de forma especial a los periodistas se explica -aclaró la relatora de la OEA- "no porque la vida del periodista tenga mayor valor, sino porque asesinar a un periodista es silenciar a la sociedad civil".
Otro de los desafíos que afronta el continente es, según Botero, "la ausencia notoria de pluralidad en el debate teórico" que sostienen los medios de comunicación.
A su juicio, "tiene que haber distintas voces, incluso voces que nos perturben, nos hagan pensar".
En ese sentido, lamentó que todas las frecuencias radiofónicas se asignen por subasta, y que no se promocionen las radios comunitarias.
Botero hizo estas declaraciones en el panel de discusión "Libertad de prensa en América Latina, una región, múltiples desafíos", donde también participó el exdirector de la agencia de prensa cubana Libertad José Luis García.
García, quien se encuentra exiliado en España, señaló que "el periodismo libre de forma legal en Cuba es imposible" y recordó que en los últimos años nació en la isla un movimiento bloguero contrario al régimen de Fidel Castro.
"Una nueva alternativa se abre paso en Cuba, discreta, escurridiza, inherente, pero a toda costa es imparable, se le conoce como la blogosfera", dijo sobre dicho movimiento.
No obstante, García recalcó que la tarea de los disidentes cubanos en internet no es sencilla porque "afrontan a diario numerosos ataques legales, técnicos y económicos".
Según García, incluso los intelectuales próximos al Gobierno cubano tienen prohibido acceder a algunas páginas web, y si incumplen la norma, corren el riesgo de sufrir sanciones que van desde la imposibilidad de volver a conectarse a internet hasta ir a la cárcel.
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