Salvadoreña denuncia la desesperación de vivir en un centro detención de EEUU

  • Una inmigrante salvadoreña que permaneció detenida más de dos meses en el Centro Familiar Residencial de Artesia (Nuevo México) junto a sus tres hijos dijo en entrevista con Efe que en estas instalaciones de Inmigración pasó los peores días de su vida, llenos de tristeza y desesperación.

Paula Díaz

Tucson (EE.UU.), 24 sep.- Una inmigrante salvadoreña que permaneció detenida más de dos meses en el Centro Familiar Residencial de Artesia (Nuevo México) junto a sus tres hijos dijo en entrevista con Efe que en estas instalaciones de Inmigración pasó los peores días de su vida, llenos de tristeza y desesperación.

"Uno sale del cuarto y ve mujeres llorando en los corredores, en los cuartos, todo allí es muy deprimente. Estaba tan desesperada que en un momento estuve a punto de firmar la salida voluntaria y pedir que me enviaran de regreso", contó hoy a Efe Teresa Maravilla, de 36 años y originaria de Ahuachapán (El Salvador).

Maravilla cruzó la frontera el 7 de julio con su esposo y sus hijos, de 4, 10 y 16 años. Su marido fue enviado a un centro de detención al norte del país, mientras ella y los niños fueron remitidos al centro de detención de Artesia.

De acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), en Artesia hay 598 inmigrantes detenidos, de los cuales 270 son madres.

La mujer indicó que "durante el día uno se deprime mucho" y que cuando llega la noche los niños son separados de sus madres y sólo los menores de 12 años pueden dormir con ellas.

Su particular pesadilla terminó el viernes pasado cuando, después de solicitar asilo político y pagar una fianza de 12.000 dólares, fue liberada junto a sus hijos.

"Nosotros no hemos matado, ni le hemos hecho daño a nadie y nos dan fianzas hasta de 30.000 dólares, a la muchacha que estaba en el cuarto al lado del mío le pusieron 40.000 dólares de fianza, 20.000 por ella y 20.000 por las niñas", contó Maravilla.

La abogada Meredith Brown dijo a Efe que están preparando una demanda contra el Gobierno federal porque consideran ilegal poner fianzas a los niños.

Los abogados que han estado asistiendo a familias en Artesia, la mayoría de ellos de manera gratuita, señalan que las condiciones de las mujeres son "realmente difíciles".

Brown indicó que cuando visitó Artesia no pudo contener las lágrimas: "Son niños, y no puedo creer que en mi país los estén tratando de esa manera".

Ante este tipo de críticas, el subsecretario de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Alejandro Mayorkas, dijo el pasado día 16 que la agencia contempla "mejorar las condiciones para albergar a los inmigrantes" y "no dejará de considerar alternativas a los centros de detención".

Artesia fue uno de los epicentros de la crisis humanitaria desatada tras la llegada a la frontera de EE.UU. con México de más de 60.000 menores sin acompañante, en su mayoría centroamericanos, en los primeros meses del año, lo que desbordó a las autoridades estadounidenses.

Brown señaló que están pidiendo el cierre de Artesia y que trasladen a todas las madres con niños a ciudades donde puedan tener acceso a apoyo de abogados, a sus familias y a un sistema jurídico ordinario, pues actualmente las audiencias en cortes de Inmigración se atienden por videoconferencia con jueces en Virginia y Colorado.

Tanto los abogados como los funcionarios consulares que han visitado Artesia destacaron las dificultades que enfrentan para llegar a este aislado lugar.

La cónsul de Guatemala, Jimena Díaz, explicó a Efe que tienen suspendidas las visitas a Artesia debido a su elevado coste y están haciendo las entrevistas por videoconferencia desde Phoenix (Arizona).

Mientras, siguen llegando a Artesia nuevas familias que son detenidas en la frontera, y los abogados aseguran que estas mujeres no van a firmar su salida voluntaria.

"Aunque estas mujeres y niños no son un peligro para la seguridad nacional les están poniendo fianzas muy altas, las más altas de cualquier corte de Inmigración en Estados Unidos, para desesperarlas y obligarlas a firmar la salida voluntaria", dijo a Efe la asistente legal Margarita Gutiérrez.

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