"De obligado cumplimiento"

Entre 1,5 y 2,5 camas de UCI por 10.000 habitantes, requisito para pasar de fase

  • Las comunidades podrán presentar hasta el 6 de mayo sus propuestas para pasar a las siguientes etapas de la desescalada.
Salvador Illa, ministro de Sanidad
Salvador Illa, ministro de Sanidad
EFE

Las comunidades autónomas deberán acreditar en un plazo máximo de cinco días disponen de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes por si hubiera un rebrote, una condición de "obligado cumplimiento" para pasar de fase en la desescalada.

Lo ha avanzado este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa conjunta con la titular de Sanidad, María Jesús Montero, en la que ha insistido en que es una condición para poder hacer frente a posibles rebrotes.

Además, se recomienda a las comunidades que mantengan el número de profesionales sanitarios durante la desescalada, tomando como referencia el que había en los momentos "álgidos" de la pandemia, así como que se lleve a cabo una reorganización, reforzando la atención primaria y salud pública, "que van a tener un papel clave" en la detección precoz de nuevos casos.

Estas condiciones aparecen recogidas en una orden ministerial de cogobernanza, que se ha publicado este domingo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece unos indicadores que sirven de referencia para constatar que se dan las circunstancias epidemiológicas para avanzar de fase o, bien, para "ir de forma más lenta".

Todo ello se analizará en reuniones bilaterales técnicas y políticas con las comunidades, en las que se evaluarán sus propuestas, que deberán trasladar con una semana de antelación, aunque esta primera semana "extraordinaria" lo podrán hacer el miércoles 6 de mayo.

Illa ha dicho que aunque la unidad territorial de referencia para evaluar la situación es la provincia o la isla pero si "motivadamente" se plantea otras unidades que se ajusten mejor, "siempre y cuando cumplan con los criterios", se estudiará conjuntamente.

La orden publicada en el BOE regula el procedimiento a seguir para la elaboración, remisión y tramitación por las comunidades autónomas y ciudades autónomas de propuestas de desescalada de acuerdo a las medidas establecidas en la declaración del estado de alarma. "Uno de los criterios es que puedan acreditar que en un plazo máximo de cinco días se está en condición de garantizar que hay una capacidad de UCI que se puede poner en marcha en un plazo de 15 días por si hubiera un rebrote", ha señalado el ministro.

Una vez recibidas las propuestas de las comunidades, el Ministerio de Sanidad la estudiará conjuntamente con la comunidad o ciudad autónoma en cuestión, con el criterio asimismo de los ministerios competentes. Las comunidades autónomas tendrán que remitir sus propuestas al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General de Sanidad antes del 6 de mayo a las 14.00 horas, y las sucesivas propuestas, al menos, con una semana de antelación a la fecha propuesta para su aprobación.

Una vez remitidas las propuestas, cualquier modificación sustancial de las condiciones que sirvieron de base para la elaboración de las mismas, deberá ser comunicada de manera inmediata al Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría General de Sanidad. Las propuestas deberán tener, al menos, un análisis introductorio sobre la fase en la que en ese momento se encuentra el territorio respecto del que se realiza la propuesta y la fase de desescalada a la que se propone transitar mediante la adopción de las medidas incluidas en la propuesta.

Además deberá contener una descripción de las medidas de desescalada a adoptar y las fechas tentativas para su entrada en vigor. También con un análisis de las capacidades estratégicas disponibles en el sistema sanitario, de la situación y evolución epidemiológica esperada en el territorio y de los mecanismos para reducir el riesgo de transmisión en la población.

Una vez recibidas las propuestas, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad contactará con los órganos correspondiente de la comunidad autónoma para la valoración cualitativa y cuantitativa de los diferentes indicadores de situación en cada unidad territorial de la propuesta, así como del impacto de la ampliación o restricción de las medidas relativas a lugares, establecimientos, desplazamientos y actividades.

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