Teniente condenado a 60 años de cárcel por violación y asesinato de menores

Bogotá, 25 sep.- Una jueza condenó hoy a un teniente del Ejército de Colombia a 60 años de cárcel por el asesinato y violación de tres hermanos menores de edad en octubre de 2010, hechos ocurridos en una zona rural del departamento de Arauca, vecino a Venezuela, informaron fuentes judiciales.

La misma jueza había hallado culpable al militar, el teniente Raúl Muñoz Linares, el pasado 27 de agosto y hoy impuso la máxima condena permitida por la legislación penal colombiana.

La jueza 27 de Conocimiento, Martha Artunduaga, concluyó que las pruebas contra el oficial fueron "sólidas y contundentes".

El 14 de octubre de 2010 los padres de los tres niños denunciaron que éstos habían desaparecido de su domicilio en la zona rural de Tame.

Yenni, de 14 años; Yimmy, de 9, y Yefferson Torres, de 6 años, aparecieron degollados y con signos de tortura en una fosa común, situada a cien metros de donde acampaba un grupo de militares adscritos a la Octava División del Ejército.

Unos días después Muñoz Linares admitió haber abusado sexualmente de dos niñas en zonas rurales de Tame, pero no reconoció el homicidio de una de ellas.

Tras el triple homicidio, por aquellos días de octubre de 2010, "y por fallas en el ejercicio del mando y control de las tropas", fueron relevados de su cargo los oficiales de la Octava División del Ejército, los coroneles Germán Belalcázar y James Pineda, así como el mayor James Granados y el mismo subteniente Muñoz.

Además fueron relevados el sargento Luis Giovanni Torrijos y los cabos Juan Esteban Sánchez y Robinson Castro.

La madre de una niña de 13 años denunció ante la Fiscalía que el 2 de octubre del mismo año un militar violó a su hija en Flor Amarillo, también zona rural de Tame.

El militar fue detenido varias semanas después como presunto responsable de los hechos, cuya investigación fue asumida por la jueza Gloria Constanza Gaona, titular del Juzgado Penal del Circuito de Saravena, población vecina a la de Tame, quien fue asesinada a tiros el 22 de marzo pasado en una calle de la primera localidad.

El Gobierno y la apoderada de la familia de los niños muertos pidieron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que trasladara el caso a Bogotá, lo que fue autorizado a comienzos de abril de 2011.