Madrid, 29 feb.- Tres jueces de instrucción de Madrid han acordado exigir al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid que garantice el derecho de los internos a conocer, con una antelación de doce horas a su expulsión hacia su país de origen, el vuelo que les llevará y la hora y el país en el que aterrizará.
Se trata de un acuerdo gubernativo firmado el pasado día 27 por los magistrados de los juzgados de instrucción número 6, número 19 y número 20 de Madrid, en ejercicio de las funciones de control del CIE de Madrid.
En este acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, se estipula que "en el CIE (de Madrid) se deberán adoptar los medios necesarios para garantizar el derecho de los internos a conocer, con una antelación de 12 horas, el momento en el que se va a producir la expulsión, el número del vuelo, la hora de llegada y la ciudad de destino".
También "se les deberá facilitar en ese lapso de tiempo los medios necesarios para poder realizar llamadas telefónicas, con la finalidad de avisar a sus parientes o conocidos en España o de su país de llegada, a fin de posibilitar la organización del regreso".
El acuerdo especifica que este derecho "debe ser garantizado a todos los internos, lo pidan o no, ya hagan uso del derecho a llamar a sus parientes o no", y que la resolución debe ser publicada en el talón de anuncios del CIE en todos los idiomas usados por los internos.
Los magistrados consideran que sin esa información previa "se vulnera por un lado el derecho a estar informados de su situación, pero también el derecho fundamental a un trato digno".
El acuerdo responde a las quejas planteadas por tres organizaciones -Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid- sobre el derecho de los internos a ser informados con antelación suficiente de su expulsión, ya que -según estas asociaciones- habitualmente son conducidos del centro al aeropuerto "sin posibilidad de que puedan avisar a sus parientes o conocidos de su llegada".
Esto hace que lleguen a su país de origen "desasistidos, sin medios económicos y sin soporte de ayuda".
En el acuerdo gubernativo se detalla que el director del CIE ha explicado que carece de esa información, motivo por la que no la facilita, "salvo en algunos supuestos en que los internos la han solicitado".
En estos últimos casos la información es recabada por los Grupos y Brigadas de Extranjería que tramitan el expediente de expulsión.
Los magistrados reconocen que "efectivamente no se garantiza a todos los internos, con carácter general, el derecho a ser informados del momento de su expulsión, salvo cuando en supuestos particulares lo han solicitado de modo expreso".
Y concluyen que, cuando esa información no se ha solicitado, los internos han quedado "abandonados a su suerte en el país de destino".
Las tres asociaciones que plantearon la queja han expresado, en un comunicado conjunto, su satisfacción por este acuerdo gubernativo, que garantizará a los abogados de los internos "la posibilidad de agotar los tiempos procesales sin ser sorprendidos por expulsiones realizadas sin su conocimiento", y además facilitará el trabajo de las citadas organizaciones.
La Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid confían en que este acuerdo se recoja en un futuro reglamento del CIE, que esperan que se pongan en marcha de forma urgente y valorando las opiniones de las organizaciones y de los órganos judiciales que llevan años trabajando en este ámbito.
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