Una ONG denuncia la actitud agresiva del Gobierno israelí con los inmigrantes

  • La mayor ONG israelí de derechos humanos denunció hoy la actitud agresiva del Gobierno israelí en 2012 hacia la inmigración no judía, con declaraciones xenófobas entre otras vulneraciones de las libertades.

Jerusalén, 16 dic.- La mayor ONG israelí de derechos humanos denunció hoy la actitud agresiva del Gobierno israelí en 2012 hacia la inmigración no judía, con declaraciones xenófobas entre otras vulneraciones de las libertades.

"Cuando se trata de minorías o no ciudadanos, la actitud desdeñosa o indiferente se transforma a menudo en agresiva e incluso beligerante. Esto fue particularmente cierto en 2012 para los refugiados y los peticionarios de asilo", señala la Asociación para los Derechos Civiles de Israel (ACRI) en su informe anual, difundido hoy.

La organización asegura que la "actitud prevalente este año en Israel hacia los peticionarios de asilo africanos fue de racismo y xenofobia", con un "nuevo cenit de declaraciones racistas" por parte de diputados, dirigentes políticos y de seguridad, rabinos y líderes vecinales, entre otros.

Es el caso reiterado del ministro israelí de Interior, Eli Yishai, que el pasado agosto aseguró que la inmigración ilegal supone una "amenaza" para su país igual o mayor que el programa nuclear iraní y que su política consiste en encarcelar a sin papeles para "amargarles la vida" hasta que pueda deportarles.

O de Miri Reguev, diputada del partido derechista del primer ministro Benjamín Netanyahu (Likud), que calificó a los sudaneses de "cáncer en nuestro cuerpo".

En el ámbito legal, desde 2012 se puede encarcelar hasta tres años sin juicio a los inmigrantes ilegales y solicitantes del estatus de refugiado, además de imponer penas de cárcel a quienes les contraten.

"A principios de octubre había unas 2.000 mujeres, hombres y niños en campos de encarcelamiento" y el Gobierno planea encarcelar a miles más de peticionarios de asilo, señala la ONG.

Las autoridades han aprobado "legislación arbitraria y extremista" sobre el tema y rechazado sistemáticamente las peticiones de estatus de refugiado, con sólo una de las dos únicas recomendaciones del comité ministerial aceptada frente a miles de peticiones desdeñadas.

"Comparada con otros países, la tasa de reconocimiento de peticionarios de asilo en Israel es excepcionalmente baja", añade.

ACRI también destaca los intentos durante el presente año de "acelerar la 'anexión de facto' a Israel de los territorios ocupados" palestinos, a través de un "mayor difuminado" de la línea divisoria internacionalmente reconocida.

"Esto ha acelerado la tendencia de aplicar dos sistemas legales diferentes en los territorios: uno, civil israelí, para los judíos que viven en los asentamientos y otro, militar, para los palestinos", añade.

La concesión del estatus de universidad a un centro académico en el asentamiento de Ariel, en el norte de Cisjordania, la emisión de un "jurídicamente absurdo" informe oficial que declara que Israel legalmente no ocupa los territorios palestinos o la demolición de cisternas de agua palestinas en Cisjordania por el Ejército israelí son otros de los ejemplos que cita ACRI.

La ONG advierte de que ni la relativa "calma" ni la "reducción ocasional de barreras al movimiento" palestino "pueden alterar el hecho de que Israel sigue gobernando sobre millones de seres humanos que viven bajo un régimen militar donde sus derechos humanos son constantemente vulnerados".

ACRI critica además que "civiles en el sur de Israel y Gaza de nuevo hayan sido expuestos este año a las letales consecuencias de un conflicto militar", tanto por los ataques de Hamás "deliberadamente dirigidos" contra civiles israelíes como por la muerte en la franja de "civiles no involucrados" durante la ofensiva israelí del mes pasado.

Sobre el territorio ocupado de Jerusalén Este, cita "muchos incidentes de violencia policial hacia los residentes palestinos".

En Israel, ACRI acusa al Ejecutivo de "ignorar" tanto los derechos de los ciudadanos beduinos como las voces de la masiva protesta social de 2011, sin reconocer el derecho al agua ni defender el de vivienda.

También lamenta la "ausencia en muchos espacios" y los "intentos de 'borrar' de algunas comunidades" el árabe, lengua materna de un quinto de la población y una de los dos oficiales del país, junto con el hebreo.

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