Universidad. La complutense ve la reforma educativa de “imposible aplicación”

El Consejo de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) expresó este martes su “absoluto rechazo” al real decreto-ley de medidas urgentes para la racionalización del gasto educativo del Gobierno, “tanto por su forma de tramitación como por su contenido”.
Tras una reunión ordinaria, el órgano de la UCM calificó la reforma de “imposible aplicación” y exigió su inmediata retirada. A su juicio, este real decreto-ley daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación y pone en muy serio peligro los niveles de posgrado (másteres y doctorado) alcanzados en España.
El comunicado es especialmente crítico con el aumento de los precios públicos de la matrícula, por entender que “incrementará el sesgo social en el acceso a los estudios superiores y dificultará aún más la entrada a la universidad de los sectores más castigados por la crisis”.
Resulta también “muy grave”, agrega, que una de las medidas para conseguir la austeridad necesaria del gasto público sea el recorte de la financiación universitaria, “ya insuficiente y por debajo de la media europea”, prosiguió, y criticó “los mecanismos propuestos para la valoración de la dedicación docente, que se reducen exclusivamente a los resultados de la investigación”.
Además, opina que vulnera la autonomía universitaria y abre la puerta a “la privatización de servicios de las universidades públicas”, agregó.
Según la UCM, esta disposición demuestra “un grave desconocimiento del propio sistema universitario, al confundir por ejemplo la actividad laboral del personal docente e investigador con la dedicación del estudiante, o al no regular la actividad del personal docente e investigador contratado”.
Por ello, entiende que es de “imposible aplicación” y exigió al ministerio su retirada y la apertura de un proceso de negociación.
Asimismo, la UCM instó a la Comunidad de Madrid a que asuma su responsabilidad en el marco de sus competencias y garantice la financiación necesaria de las universidades públicas, y reiteró su voluntad de diálogo para solventar los problemas que “sí padece” la universidad.