Dueña casa donde asesinaron holandeses dice que está hundida y en tratamiento

Murcia, 8 nov.- La propietaria de la casa rural de Molina de Segura (Murcia) donde el pasado mayo fueron asesinadas la jugadora holandesa de voleibol Ingrid Visser y su pareja, Severein Lodewijk, ha declarado hoy en el juzgado que investiga el doble asesinato que desde que ocurrieron los hechos se encuentra "hundida" y en tratamiento médico.

Esta mujer, F.G., que ha participado en una ronda de declaraciones de varios testigos desarrollada hoy, ha manifestado que el conocer que su casa había sido escenario de este crimen ha supuesto un duro golpe como persona.

Ha añadido que los hechos le han supuesto también un duro revés económico ya que esta casa rural era su medio de vida y en ella había invertido sus ahorros junto con los de su esposo.

La testigo se ha ratificado en la declaración hecha en su día a la policía en la que aseguró que cuando volvió a la casa tras los hechos para arreglarla, ya que la tenía alquilada para el fin de semana siguiente, se la encontró "limpia como el jaspe".

Igualmente, se ha ratificado en la rueda de reconocimiento efectuada el pasado 8 de junio en el juzgado de instrucción de Murcia que entonces investigaba el doble crimen, y en la que creyó reconocer a Juan Cuenca, uno de los detenidos por los hechos, como uno de los hombres que vivió en la puerta de su casa en aquellos días.

En esa rueda de reconocimiento, no identificó a los otros dos detenidos, los ciudadanos rumanos Ion Valentin y Constantin Stan, considerados presuntos autores materiales de la muerte de Visser y su novio.

Al finalizar su interrogatorio, F.G. ha pedido la protección de la jueza y de la fiscal del caso ante los daños que, asegura, ha sufrido por el hundimiento de su negocio y por la difusión del nombre de la casa rural.

Respecto a esto último, la magistrada y la fiscal le han indicado que es imposible impedir que el nombre del establecimiento continúe apareciendo en los medios y, en cuanto a lo primero, le han recomendado la posibilidad de que contacte con algún abogado que pueda defender los intereses que considere se han visto afectados por los hechos.