Madrid. Vecinos y ecologistas vuelven a manifestarse el domingo contra el campo de golf de tres cantos


Los colectivos ecologistas y vecinales de Tres Cantos que han venido oponiéndose a la construcción del campo de golf de la candidatura española a la Ryder Cup 2018, han convocado otra manifestación para el próximo domingo, día 10, para exigir la retirada del proyecto "por ser ambiental y socialmente insostenible para el municipio y para el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares".

La marcha, convocada por las asociaciones Arba, Grama, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), la Asociación Ecologista del Jarama "El Soto", Ecologistas en Acción, Jarama Vivo y la Plataforma en defensa de las Zonas Verdes Públicas en Tres Cantos, partirá de la plaza del Ayuntamiento de Tres Cantos y recorrerá diversas calles del casco urbano.
Según estas organizaciones, aunque el proyecto que promueven el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Real Federación Española de Golf en la finca Valdeloshielos ha conseguido declaración de impacto positiva de la Consejería de Medio Ambiente, no es el que se pretende construir en realidad.
Estas organizaciones vecinales y ecologistas aseguran en una nota que el proyecto real lleva hoteles, aparcamientos, carreteras interiores con una línea de autobús, almacenes, un helipuerto, etc., y "nada de esto ha sido valorado". Denuncian que tampoco se ha estudiado el impacto que tendrá la masificación que conlleva la celebración de grandes eventos deportivos sobre un espacio natural.
Para estas asociaciones, "hoy por hoy" el proyecto del campo de golf para la celebración de la Ryder Cup 2018 "no cabe en el actual planeamiento urbanístico del municipio". Además, consideran "más que dudosas" las ganancias económicas que los promotores del proyecto prometen para la región de Madrid.
Denuncian que la finca de Valdeloshielos quedará para derecho exclusivo de los organizadores de la prueba hasta pasado 2018, una finca que hoy por hoy es un espacio natural, público y de libre acceso; y concluyen que se trata de un proyecto "insostenible, ilegal, socialmente injusto y un despilfarro económico".

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